Con 13 votos a favor y dos abstenciones de China y Rusia, el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la tarde de este lunes el proyecto de resolución que autoriza el despliegue de una fuerza multinacional de asistencia a la Policía de Haití por un año (prorrogable).
La resolución fue elaborada por los Estados Unidos y Ecuador. A parte del despliegue de una fuerza solicitada por el primer ministro, Ariel Henry, la resolución contempla limitar la venta de armas al país, que se repeten los derechos humanos, el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales.
El costo de la puesta en marcha de esta operación temporal se sustentará mediante «contribuciones voluntarias y el apoyo de los distintos Estados miembros y organizaciones regionales».
Asimismo, esta fuerza proporcionará apoyo a la Policía Nacional de Haití, para la seguridad de los lugares críticos de infraestructura y de tránsito, como el aeropuerto, los puertos, las escuelas, los hospitales y las principales intersecciones.
También dispone que, en coordinación con la Policía Nacional de Haití, la fuerza multinacional podrá, para evitar la pérdida de vidas humanas y dentro de los límites de sus capacidades y zonas de despliegue, adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional, para ayudar a la Policía Nacional de Haití a mantener el orden público básico y la seguridad pública, incluso mediante arrestos y detenciones, según sea necesario.
Reticencia de latinoamérica
Kenia propuso liderar la misión con el despliegue de unos mil agentes, que aportará la mayor parte del contingente, y varios países caribeños -entre ellos Jamaica, Barbados y Bahamas- se han mostrado dispuestos también a aportar agentes, en número por determinar.
Contrario a los caribeños, ningún país latinoamericano ha dado un paso adelante al respecto, aunque México aclaró que ha contribuido a su manera aceptando entrenar en su suelo a 660 agentes (550 ya formados y 110 actualmente en proceso).
Concretamente, Canadá y Francia, que han mostrado su disposición a un mayor involucramiento, previa comprobación de que la resolución deja claros los términos del despliegue.
El Gobierno estadounidense va a aportar dos partidas de 100 millones de dólares cada una, procedentes del Departamento de Estado y del de Defensa, siempre que el Congreso lo apruebe, destinados a necesidades logísticas de la misión.