La policía de Paraguay dispersó el miércoles a un grupo de manifestantes, muchos de ellos jubilados, luego de la aprobación de una ley que pretende regular y supervisar los recursos de las ocho entidades de jubilaciones y pensiones públicas y privadas existentes en el país.
La llamada Ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones promovida por el oficialismo pasó el trámite tanto en el Senado como en el Congreso. En la primera cámara, lo hizo el martes de manera inesperada y en tiempo récord. El miércoles llegó a la Cámara de Diputados que en una sesión de apenas 10 minutos sancionó la reforma legislativa.
La norma pasó con el apoyo de los 42 diputados del oficialismo y la ausencia de los de la oposición. Ahora irá al ejecutivo donde se prevé que el presidente paraguayo, Santiago Peña, la apruebe, tal como ya adelantó.
De acuerdo con estimaciones del Banco Central del Paraguay actualmente esas ocho cajas se encuentran conformadas por alrededor de un millón de aportantes cuyos fondos rondan los 3,400 millones de dólares, equivalentes al 8 % del Producto Bruto Interno.
Lo que plantea la ley es que se administrarán esos recursos de forma que se permitan inversiones en bonos e instrumentos financieros. Y eso es lo que preocupa a los pensionistas.
Según Eduardo Ojeda dirigente de la Corriente Sindical Clasista, es una reforma que “echará mano al dinero de los aportantes”. Y advirtió: «Ahora vamos a reagruparnos y vamos a pensar en una huelga general para parar el paísen una huelga general para parar el país”.
Pero el presidente quiso enviar un mensaje tranquilizador cuando dijo que entendía “que los jubilados se van a preocupar y estar angustiados, pero no hay ninguna necesidad ni posibilidad de que el Estado vaya a tocar los fondos… Queremos cuidar el dinero de la gente que hoy nadie está cuidando”, dijo al canal de noticias NPY.
Los jubilados se oponen a la norma por temor a que ese dinero sea malversado por las autoridades y que a consecuencia se queden con las manos vacías. Pedro Halley, vocero de la Asociación de Jubilados del Instituto de Previsión Social —el principal de Paraguay— declaró a la radio local ABC Cardinal que tratar la norma de manera apresurada fue una “jugada sucia de parte del Legislativo”.
Un grupo de manifestantes llegó hasta las plazas aledañas al Congreso para protestar contra la ley. Además de jubilados de diversas instituciones también había manifestantes del Sindicato de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) que fueron repelidos por policías antimotines con gases lacrimógenos.
Uno de los sindicalistas que protestaba, identificado como Juan, se enjugaba las lágrimas luego de lo que considera fue un “atropello a tantos años de trabajo”.
En la protesta del martes, la policía lanzó chorros de agua desde los blindados provocando heridas a decenas de personas. Además, golpeó y detuvo a 31 sindicalistas de Sitrande, lo que provocó otra manifestación frente a la Comandancia de la Policía en reclamo de su liberación.
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El comisario Ever Constancio París, jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, explicó que los 31 sindicalistas fueron detenidos por estar en el lugar de la manifestación, sin dar mayores detalles.
“Venimos a proteger nuestros intereses, nuestros años de trabajo”, dijo el martes Sixta Giménez, una jubilada que se encontraba entre los manifestantes apostados frente a la Comandancia de la Policía. “Estamos peleando por nuestra jubilación, porque este pueblo está un desastre y luchamos para que el día de mañana nuestros hijos, nietos y bisnietos no necesiten nada”, agregó con la voz entrecortada y los ojos llorosos.
La senadora opositora Esperanza Martínez, de la coalición Frente Guazú del expresidente Fernando Lugo (2008-2012), criticó la acción desmedida de las fuerzas del orden y mostró reservas respecto de la actitud del oficialismo de apurar el tratamiento de la ley.
“Así comienza todo proceso autoritario: romper con las instituciones democráticas, avasallar los poderes del Estado, utilizar la fuerza en vez de la razón y usar la represión como método de castigo y de silencio de la ciudadanía», dijo Martínez a AP.