La Justicia peruana dictó este lunes una orden de 36 meses de prisión preventiva para el médico Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia de Perú en 2021, y quien se encuentra actualmente prófugo.
La decisión la adoptó el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y lo motivaron las faltas del político, quien «incumplió hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos», según detalló el Poder Judicial en la red social X (antes Twitter).
El plazo de 36 meses «será computado cuando sea ubicado y capturado por las autoridades», agregó el mensaje del Poder Judicial, que detalló que Cerrón «evadió desde octubre todas las reglas de conducta impuestas en su contra para garantizar el proceso».
Entre estas normas está «ausentarse o variar de domicilio sin previo aviso, comparecer cada 30 días ante la autoridad judicial, dar cuenta de sus actividades y acudir ante la autoridad judicial para el cumplimiento de diligencias».
La medida adoptada este lunes revoca una previa de comparecencia con restricciones mientras se investiga a Cerrón por presuntamente encabezar una organización criminal en su partido que tenía como fin «diversos actos de lavado de activos», según la tesis de la Fiscalía.
Supuestamente, en esa red también participaron funcionarios, militantes y familiares, entre otros, luego de utilizar ese dinero para financiar campañas, adquirir bienes a favor de la organización o personas ligadas a ella, así como financiar gastos de sus integrantes.
El pasado 6 de octubre, Cerrón ya fue condenado a tres años y medio de prisión por un tribunal superior de apelaciones de la región centroandina de Junín, que revisó los términos de una sentencia en primera instancia que lo había condenado a cuatro años de cárcel en febrero pasado.
En enero de 2022, cuando comenzó el juicio por este caso, la Fiscalía aseguró que Cerrón y el representante legal del consorcio ‘Gran Aeródromo Wanka’, Luis García, suscribieron un contrato para la construcción de la terminal aérea en Junín sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.