A minutos de que el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional suba a estrado para emitir el fallo sobre la solicitud de medida de coerción incoada por el Ministerio Público contra la presunta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido, decenas de víctimas encendieron velas frente a la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
«Lo queremos preso», cantaban las víctimas y querellantes. Esta noche, Sena decidirá si los siete imputados y dos empresas acusados de estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos a más de 300 afectados, van a prisión preventiva.
«Hoy se va a demostrar la fortaleza de la justicia dominicana. Queremos que le caiga todo el peso de la ley. Hay más de 200 pruebas que lo califican como estafadores«, expresó una de las víctimas.
Los imputados en la millonaria estafa son: Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado, y Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
El Ministerio Público varió su solicitud de medida de coerción para tres de los imputados, a fin de que se les imponga arresto domiciliario y no prisión preventiva en una cárcel, estos son: la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, por estar lactando, y a su hija, quien era menor de edad al momento que se inició la estafa y al agente inmobiliario, Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con el Ministerio Público.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los cuatro restantes.
«Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también, asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas», dice el documento oficial del órgano acusador.
Asimismo, los encartados movilizaron millonarias cantidades de dinero por cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero y el alegado líder de la organización criminal -Emmanuel Rivera- amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas, ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia, asegura el MP.
La acusación directa es de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.