En el Reino Unido, tras una primera votación en diciembre, el proyecto de ley para reconocer a Ruanda como país seguro vuelve a debatirse en la Cámara de los Comunes el martes 16 y el miércoles 17 de enero. Desde la firma del controvertido acuerdo entre Londres y Kigali, por un importe inicial de más de 160 millones de euros, el gobierno británico aún no ha enviado a Ruanda a ningún solicitante de asilo. Pero a pesar de los obstáculos legales, el albergue Hope de Kigali, uno de los establecimientos contratados para acoger a los inmigrantes, se mantiene a la espera, vacío.
Una de las políticas emblemáticas del gobierno británico es enviar a sus solicitantes de asilo a Ruanda, donde se tramitarán sus demandas. Pero el Tribunal Supremo ha bloqueado el proyecto, dictaminando que Ruanda no es un país seguro. Así que el Primer Ministro, Rishi Sunak, propuso una ley que declara a Ruanda país seguro, para eludir la sentencia. El martes, esta «ley Ruanda» comienza su segundo examen en el Parlamento.
La votación parece una simple formalidad para el gobierno, que temía una derrota en primera lectura en diciembre. La cuestión clave de los dos próximos días serán las enmiendas seleccionadas por el Vicepresidente de la Cámara de los Comunes.
Además de las tradicionales adiciones de la oposición, algunos diputados a la derecha de la mayoría conservadora quieren endurecer el texto. Para ellos, la ley no va suficientemente lejos al permitir a los tribunales ignorar ciertos aspectos de los convenios de derechos humanos. Quieren poder anular los mandatos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y limitar los recursos de que disponen los solicitantes de asilo que se enfrentan a la deportación a Ruanda.
Es poco probable que se aprueben las enmiendas: la oposición las rechaza, al igual que el ala izquierda de los conservadores, que ya consideran el texto demasiado duro. Sin embargo, los partidarios de la línea dura han advertido al gobierno de que no apoyarán una versión sin enmiendas. Sin infligir una derrota al ejecutivo, esto socavaría su autoridad y credibilidad.
En Ruanda, un hotel desesperadamente vacío
Mientras tanto, en Kigali, las instalaciones – salas de oración, ordenadores y un campo de deportes – creadas en el albergue Hope, en pleno barrio de Kagugu, para acoger a los solicitantes de asilo, aún no se han utilizado. Cuatro pisos residenciales, pero sin ocupantes desde mayo de 2022, constató nuestra corresponsal local Lucie Mouillaud. «Tenemos 50 habitaciones, dobles, por lo que podemos alojar hasta 100 residentes. Y como puede ver, en las diferentes zonas, utilizamos diferentes idiomas como el inglés y el árabe», explica la gerente Bakina Ismael.
Habitaciones reservadas por las autoridades desde hace más de un año y medio, antes ocupadas por una veintena de huérfanos del genocidio tutsi que tuvieron que abandonar el local. El establecimiento debía acoger a los pasajeros del primer vuelo de migrantes previsto para junio de 2022, que fue cancelado en el último momento por decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«Seguimos aquí, desde el inicio del contrato hasta hoy, hasta que lleguen. Todos los servicios están listos, sólo los estamos esperando. Todos los empleados están allí, en sus puestos, esperando a los solicitantes de asilo«, dice Bakina Ismael.