El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dirigido por el juez Amauri Martínez, ha aceptado la solicitud del Ministerio Público de mantener la medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en la Operación Medusa.
Después de una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, el magistrado determinó que el arresto domiciliario y el uso de grillete se mantendrán como medidas preventivas contra el exprocurador.
Emmanuel Ramírez, representante del Ministerio Público, explicó que la decisión se basó en la demostración de que el grillete electrónico no afecta físicamente al acusado, como él había afirmado en ocasiones anteriores. Además, señaló que los argumentos presentados por el imputado no aportaron novedades significativas.
Ramírez también aclaró que la opinión expresada por un organismo de la ONU, que denunciaba como arbitrario el arresto del exprocurador, no tiene ninguna vinculación con los tribunales de República Dominicana.
Nelly Rivas, miembro del equipo de defensa de Jean Alain, expresó su desacuerdo con la decisión del juez y afirmó que presentaron nuevos argumentos que no fueron considerados, por lo que apelarán la decisión.
En relación con la audiencia de solicitud de variación de medida de coerción para Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector del Departamento de Tecnología de la Información de la Procuraduría General de la República y también implicado en la Operación Medusa, se pospuso para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana, debido a que la Fundación Nobel no fue debidamente citada para el proceso.
Anteriormente, Jean Alain Rodríguez había alegado que el grillete le causaba erupciones en la piel, una de las razones por las cuales solicitó la revisión de la medida. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta en varias ocasiones, lo que fue cuestionado por su defensa.
Rodríguez, considerado el principal acusado en el caso de corrupción denominado Operación Medusa, aparece en el expediente de 12,274 páginas del Ministerio Público como líder de una estructura de corrupción durante su mandato en la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.
En este proceso, 41 personas físicas y 22 empresas enfrentan acusaciones de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También se imputan delitos como sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.