El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó este jueves una nueva orden de captura y extradición contra los opositores Leopoldo López y Julio Borges (ambos exiliados), a quienes acusó de recibir beneficios por más de mil millones de dólares a través de contratistas vinculados a la trama de corrupción ‘Pdvsa-Cripto’.
En rueda de prensa, Saab mostró un vídeo en el que el empresario Samark López -hoy preso y acusado de ser «testaferro» del también detenido Tareck El Aissami, exministro de Petróleo- dijo que por lo menos dos contratistas venezolanos «tienen una estrecha vinculación con los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular», a los que pertenecen Borges y Leopoldo López, respectivamente.
El TSJ emitió por primera vez una orden de captura contra Leopoldo López en 2014, en el marco de una serie de protestas nacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro, donde murieron 43 personas, y fue sentenciado a 13 años y nueve meses en 2015 por la responsabilidad «de la comisión de los delitos de determinador de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir», entre otros.
Dos años después, el TSJ le otorgó arresto domiciliario, que el opositor abandonó el 30 de abril de 2019 con un supuesto ‘indulto presidencial’ otorgado por Juan Guaidó -autoproclamado presidente interino meses atrás- y ambos intentaron un levantamiento militar que no prosperó.
Luego de esto, el TSJ «revocó la medida de detención domiciliaria» y emitió una orden de captura contra López, quien ingresó en calidad de huésped en la residencial del embajador de España en Caracas, donde permaneció hasta octubre de 2020, cuando se fugó a Madrid.
En relación al caso de Borges, Saab emitió una orden de captura en 2023 y lo acusó traición a la patria, conspiración y asociación por su presunta participación en un conato de levantamiento militar en abril de 2019, aunque ya tenía dos órdenes de detención previas por su «participación directa en el robo del oro de la república depositado en Inglaterra» y por la planificación y financiamiento del intento de magnicidio contra el presidente Maduro en agosto de 2018.