Por Miguel Ponce
Santiago.- El equipo político y legal del alcalde Abel Martínez reclamó de la Procuraduría General del República y de la Dirección Nacional de Control de Drogas explicar el allanamiento a una vivienda que funciona como oficina política del también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.
El local con el número 50, está ubicado en la calle dos, esquina D en el residencial El Paraíso en la parte norte de la ciudad, donde la orden de allanamiento establecía la captura de dos hombres identificados como Amílcar Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosó Peña.
A Rosó Peña y Soto Candelario, son vinculados al tráfico de drogas, violación a la ley 631-16 sobe armas, municiones y relacionados.
La orden de allanamiento fue emitida por el juez Cirilo Salomón Sánchez, juez de turno de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago a solicitud del procurador fiscal David Barrera, adscrito al departamento de Drogas Narcóticas de la Fiscalía de Santiago.
En momentos en que el fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, informaba a los medios que dicha orden fue emitida por un juez, un hombre seguidor de Martínez que empezó a vociferar que se trataba de un abuso, fue apresado por los agentes de la DNCD.
En el momento en que era detenido el individuo identificado como Orlando Rosario, otro grupo intentó quitárselo a la fuerza, desatando una trifulca.
Al lugar se presentó Fernando Ramírez, vocero del alcalde, el diputado peledeísta Mayobanex Martínez, hermano del alcalde y Rafael Ceballos, consultor jurídico del ayuntamiento quienes calificaron el operativo y apresamiento como un abuso y una actitud de intolerancia.
Dijeron que se trata de una intención marca de hacer daño contra Abel Martínez.
“Me dicen que este allanamiento viene dirigido desde Santo Domingo, por eso decimos que es una intención marcada de hacer daño”, dijo el diputado Mayobanex Martínez. Indicó que el local está a nombre de una persona que solo identifican como Johan y que trabaja en la oficina política, por lo que desconoce de quienes se trata los otros individuos que aparecen en la orden de apresamiento. (El Caribe)