El Gobierno hongkonés anunció este miércoles una serie de medidas contra seis activistas prodemocracia que se hallan exiliados en Reino Unido que incluyen la cancelación de sus pasaportes, la prohibición de poner fondos a su disposición o la suspensión de su habilitación para ejercer en la ciudad.

Las autoridades acusan a estas figuras destacadas del movimiento a favor de la democracia entre las que se encuentran Nathan Law, Finn Lau o Christopher Mung, de ser unos «delincuentes anárquicos buscados por la justicia» y «alborotadores antichinos» y de esconderse para «participar descaradamente en actividades que ponen en peligro la seguridad nacional y calumniar a la ciudad”, según un comunicado oficial emitido hoy.

La nueva ley de seguridad nacional aprobada en marzo por el gobierno de Hong Kong sirve para complementar otra impuesta en 2020 por Pekín, a raíz de las multitudinarias protestas prodemocráticas y los disturbios que azotaron la ciudad en 2019.

El texto incluye penas de hasta cadena perpetua para los delitos de traición, insurrección, espionaje, sabotaje e interferencia externa y amplía la definición del delito de “sedición” para incluir el odio hacia las autoridades comunistas.

La legislación, de alcance extraterritorial, permite su aplicación a actos cometidos fuera de la ciudad por residentes y empresas, lo que pone en peligro a personas residentes en el extranjero que el Gobierno local considere como “elementos antichinos”.

A partir de la entrada en vigor de dicha normativa, los activistas en el exilio están expuestos a medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.

De hecho, el Gobierno advirtió hoy que será ilegal proporcionar fondos a los seis individuos a los que se les anularon los pasaportes, así como activos financieros o manejar sus recursos económicos. Algunos de los disidentes están activos en plataformas como Patreon, donde reciben apoyo económico de simpatizantes.

Hong Kong busca a catorce antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, a los que la Policía investiga por casos de “confabulación con fuerzas extranjeras” o de “incitación a la secesión y a la subversión”.

La Policía local ofrece un millón de dólares hongkoneses (128.040 dólares, 119.264 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de los sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional (LSN), que Pekín impuso en la excolonia británica en junio de 2020.

Entre ellos se encuentran los exlegisladores Ted Hui y Dennis Kwok, los activistas Nathan Law, Anna Kwok, Elmer Yuen, Mung Siu-tat, Agnes Chow y Finn Lau, así como el abogado Kevin Yam.

Tras la promulgación de la ley de seguridad nacional hace más de tres años, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han puesto fin a sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, defensores de los derechos humanos, abogados o periodistas.

Asimismo, la legislación ha generado además un intenso debate y ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de «un país, dos sistemas», que ha sido fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad.

El Gobierno local ha tratado de apaciguar las preocupaciones, al afirmar que la norma se dirige a «una pequeña minoría de personas» que ponen en peligro la seguridad nacional, e insiste en que protegerá plenamente las actividades normales de las instituciones, empresas y personal extranjeros que no violen la ley de forma voluntaria.