En el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), durante la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), había nóminas ocultas mediante las cuales se pagaban salarios a personas que no rendían ninguna labor, conocidas como “botellas”, por un monto anual de RD$611 millones, confirmó Diario Libre.
Entre los que recibieron esos pagos, a los cuales Diario Libre tuvo acceso, figuran familiares del presidente interino del PLD, Temistocles Montás.
A pesar de que se pagaban a través del ministerio, los recursos los aportaba la Presidencia de la República, a través de una nómina de RD$44 millones mensuales, mediante la cual se mantenían miembros y simpatizantes del PLD, que nunca acudieron a trabajar y cuyos expedientes solo estaban sustentados por un nombramiento y la copia de la cédula del beneficiado.
Otra nómina por RD$10,418,319.51 mensuales, también pagada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia con 883 personas fue detectada en la institución, con pagos entre RD$8 mil y RD$100 mil.
Estos pagos, supuestamente dirigidos a dirigentes y simpatizantes del PLD, fueron desmantelados por el ministro del MICM, Víctor -Ito- Bisonó, quien desde que asumió el cargo ordenó un levantamiento de todo lo encontrado en la institución y Diario Libre tuvo acceso a la documentación.
Esa investigación arrojó un abultamiento de las nóminas del Ministerio en las representaciones provinciales, como el ejemplo el caso de San Cristóbal, donde había 26 personas con sueldos entre RD$11 mil pesos y RD$200 mil.
Según los resultados de la investigación, Alfonso Gamalier Montás, hermano de Temistocles Montás, cobraba un sueldo de RD$200 mil, y dos de su sobrinos, Eddy y Oscar Montás Guerrero, ganaban RD$150 mil.
Más de 50 asesores y coordinadores eran pagados por las gestiones pasadas del Ministerio de Industria y Comercio, sin que se pudiera verificar si las funciones se realizaban.
4,500 “botellas” eliminadas
Hasta la fecha, unas 4,500 personas que se determinó cobraban sin trabajar están fuera de la institución. Datos obtenidos por Diario Libre dan cuenta de que estas personas cobraban y nunca justificaron con trabajo los recursos que recibían. Además, los expedientes sólo contenían el nombramiento, sin ningún soporte adicional, como manda el Ministerio de Administración Pública.
Más médicos que un hospital
Solo en el dispensario médico del Ministerio de Industria y Comercio “trabajaban” 25 médicos, entre ellos un odontólogo y un ortopeda para dar servicios a los colaboradores de la institución, que solo cuenta con un consultorio y una camilla.
Una fuente explicó a Diario Libre en el Ministerio de Administración Pública explicó que dicho escenario es ilegal, ya que ninguna institución de servicios que no sea el Ministerio de Salud puede tener esa cantidad de profesionales haciendo ese tipo de labores.
Gastos combustibles, flotas y alquiler de vehículos
El MICM gastaba cada seis meses RD$17,388,000 en combustibles para los vehículos de los funcionarios y la movilidad del personal, a través de la Dirección de Transportación. Este combustible era consumido sin control, ni fiscalización y cada mes se facturaba RD$2.9 millones.
A la fecha y con la aplicación de una política de control, se logró bajar el consumo de combustibles significativamente.
Al 16 de agosto, el ministerio tenía 700 contratos de teléfonos, de los cuales estaban activos 535 y por los cuales se pagaba una factura anual de RD$10,620,000. A la fecha, solo están activas 328 flotas telefónicas, con una facturación mensual de RD$380 mil.
Cabe destacar que el 95 por ciento de los aparatos telefónicos no fue devueltos al ministerio por las personas que los tenían asignados.
En alquiler de vehículos, el MICM pagaba RD$4 millones de pesos al año, lo que fue eliminado y se está aplicando un plan de reacondicionamiento de los vehículos propiedad de la institución.
Permisos suspendidos
A la llegada de Bisonó, se suspendieron los permisos para instalar nuevas estaciones de combustibles y se inició la revisión de los permisos pendientes, porque se festinaron.
El desorden era tal que los incumbentes anteriores de la Dirección de Hidrocarburos están sometidos a la Justicia por empresas a las que se otorgaban permisos de instalación de manera simultánea, sin respetar la distancia de ley.