En un nuevo giro de la rocambolesca historia sobre la detención de dos miembros del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, la fiscalía mexicana anunció el miércoles que tiene lista una orden de aprehensión contra el segundo no por sus actividades dentro del crimen organizado sino por secuestrar a Zambada y entregarlo a las autoridades estadounidenses.
Según explicó en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR), a Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exlider de la organización que cumple cadena perpetua en Estados Unidos— le acusa de “privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito”, y cita un artículo del código penal que tipifica el delito de traición.
Guzmán López forma parte de una facción del cártel, “Los Chapitos”, integrada por los hijos de “El Chapo”, y está acusado por las autoridades estadounidenses de traficar con fentanilo, una de las drogas más lucrativas y letales del momento.
El comunicado de la fiscalía mexicana no detalla que se le acuse también por ningún delito de narcotráfico.
Después de que ambos capos quedaran bajo custodia estadounidense el 25 de julio tras llegar a Texas en un vuelo privado —-que México también investiga— , el gobierno mexicano indicó que había varias investigaciones abiertas en México contra Zambada, pero la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo desconocer si existía algún caso abierto contra Guzmán López.
La FGR volvió a arremeter el miércoles contra la fiscalía del estado de Sinaloa, cuya titular dimitió la semana pasada después de que la fiscalía federal enumerara graves errores, omisiones e inconsistencias en la investigación del asesinato de un político local, Héctor Melesio Cuén, que presuntamente estuvo en el lugar donde Zambada dijo que fue secuestrado por Guzmán López antes de ser llevado a Estados Unidos en un avión privado.
Zambada señaló en una carta que Guzmán López le convocó a una reunión en las afueras de Culiacán, la capital de Sinaloa, en la que supuestamente estarían el gobernador del estado, Rubén Rocha —del partido oficialista Morena—, y Cuén, a quien calificó de buen amigo. La cita acabó, según la misiva, con él secuestrado.
La fiscalía de Sinaloa dijo que Cuén había sido asesinado en una gasolinera e incluso divulgó un video, supuestamente sobre el momento del homicidio. Pero la FGR indicó el miércoles que “la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”.
La detención de los dos capos —que ya han sido presentados en cortes estadounidenses bajo cargos de varios delitos de narcotráfico— ha desencadenado una tormenta en México porque ha dejado entrever la posibilidad de que los criminales tengan vínculos con políticos mexicanos, y los presuntos intentos de la fiscalía local por manipular pruebas en un homicidio.