El Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial sostuvo este viernes que la militarización de territorios indígenas ricos en recursos naturales en Venezuela, en particular del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a operaciones militares sin consulta previa con la población, así como a abusos y violaciones de los derechos humanos.

Estas violaciones son atribuidas a «actores vinculados a entidades estatales, incluidos miembros de la Fuerza Armada Nacional, y grupos armados no estatales», ha señalado en su informe final sobre Venezuela el órgano dedicado al cumplimiento por parte de los Estados de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial.

Una delegación compuesta por una veintena de altos cargos públicos venezolanos acudió este mes en Ginebra a las sesiones que el Comité dedicó a Venezuela, a la que había llegado el turno de ser evaluada junto a otros países.

En sus conclusiones emitidas hoy, el Comité pide a Venezuela abstenerse de desplegar fuerzas militares y de realizar operaciones militares en territorios indígenas sin consultar antes con los afectados.

Asimismo, insta a que las autoridades definan en consulta con esas comunidades indígenas la mejor forma de proteger sus tierras y recursos, y que se tomen medidas para prevenir el desplazamiento forzado.

Un llamado contra el odio

En otro apartado de sus conclusiones, el Comité exhorta al gobierno a realizar cambios a la llamada «ley contra el odio» para que se defina claramente qué constituye una incitación al odio y que se respete la libertad de expresión.

«El Comité recuerda al Estado parte que las medidas encaminadas a vigilar y combatir el discurso racista no deben emplearse como pretexto para restringir las expresiones de protesta contra la injusticia, ni las de descontento social o de oposición», recalca.

Preguntado por la prensa sobre la nueva crisis que atraviesa Venezuela a raíz de las elecciones presidenciales, el miembro de Comité al que se encargó analizar la situación en este país, Bakari Diaby, dijo que este órgano está atento a la situación de los activistas y defensores de los derechos humanos.

Diaby también expresó que espera que el gobierno «tome disposiciones que puedan calmar la situación«.

El experto declinó comentar la decisión de la Corte Suprema de Venezuela de confirmar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones, una posición que están siendo fuertemente cuestionada dentro y fuera del país.