Una eventual liberación del izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) centra el debate político en Perú en las semanas previas al inicio del mandato presidencial de la derechista Keiko Fujimori, especialmente después de que se conociese el dictamen no vinculante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que recomendó liberarlo al considerar que fue víctima de una detención arbitraria.
Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración por su fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022, cuando dio un mensaje a la nación en el que ordenaba clausurar el Parlamento, intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos hasta establecer una Asamblea Constituyente.
El presidente lanzó el mensaje después de que un testigo implicara directamente al mandatario en un caso de corrupción dentro de su administración, lo que hacía prever que el Congreso, dominado por una feroz oposición a Castillo, iba a intentar esa misma tarde por tercera vez destituirlo, después de dos intentos frustrados para sacarlo del poder en menos de año y medio de gobierno.
Grupo de ONU ve detención arbitraria
El pasado viernes, salió a la luz el reciente dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que analizó su arresto, realizada por su propia escolta dos horas después de haber dado el mensaje, cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima.
La opinión de este grupo se basa en que, en el momento de su detención, Castillo todavía estaba en el ejercicio de sus funciones, pues la destitución del Congreso se hizo sin los votos suficientes para concretarla en el mismo día y sin derecho a defensa por parte del jefe de Estado.
Indulto rechazado seis veces
Castillo ha presentado un total de seis solicitudes de indulto presidencial que han sido rechazadas una tras otra pero, a raíz del informe emitido en el marco de la ONU, ha pedido la gracia presidencial, a la vez que su abogado ha presentado un recurso de habeas corpus para tener también su liberación mediante el fuero judicial.
La gracia presidencial le permitiría también evitar otro proceso que tiene en marcha por presunta corrupción, pues el indulto no podría aplicarse al menos que su condena por el fallido golpe de Estado sea firme, algo que ahora no sucede ya que hay una apelación en marcha a la que Castillo debería entonces renunciar para aceptar su condena.
En manos de Balcázar
El presidente interino, José María Balcázar, fue en febrero pasado el congresista elegido por el propio Parlamento para encabezar el Gobierno de transición, con la promesa de liberar a Castillo, pues llegó al hemiciclo de la mano del marxista partido Perú Libre, el mismo con el que Castillo ganó a Keiko Fujimori las elecciones presidenciales de 2021.
Balcázar ha señalado que el informe del grupo de la ONU cambia el sustento jurídico de la situación de Castillo, pero para liberarlo necesita el apoyo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, que en caso de no estar de acuerdo es probable que fuese cambiado por algún congresista partidario de la liberación del exmandatario.
Sánchez promueve marchas
El excandidato presidencial Roberto Sánchez enarboló la bandera de la libertad de Castillo como su causa en la campaña electoral y tras perder en la segunda vuelta por menos de 50,000 votos contra Keiko Fujimori, ha seguido promoviendo marchas para insistir en la excarcelación del exmandatario.
Hasta ahora, Fujimori, que asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, no se ha pronunciado al respecto, pero una eventual liberación podría quitar presión social a su llegada al gobierno, a tenor del respaldo que Castillo cuenta en zonas rurales donde ella es profundamente rechazada.