Si se revisa la división territorial de la República Dominicana con base en los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (2022), el 62.59 % de las demarcaciones municipales no cumpliría con los requerimientos mínimos de población para ostentar su categoría político-administrativa actual.

El tamaño de los gobiernos locales del país es un tema que tiene tanto defensores como detractores, debido a que para algunos sectores representa una forma de garantizar los servicios de la población de forma especializada; y para otros, solo se trata de puestos para abultar la nómina estatal.

Antes del 2007, el sistema jurídico dominicano no contemplaba un mínimo poblacional para la segregación de territorios locales. Estaba vigente la Ley 3455 del 1952, que establecía que la creación, supresión, consolidación o modificación de municipios, así como sus límites y su designación, se dispondrían por ley. Un mandato similar estaba establecido para los distritos municipales.

A partir del 2007, con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, se estableció un mínimo de 15,000 habitantes para la creación de un nuevo municipio y de 10,000 para un distrito municipal, en un país de casi 11 millones de habitantes.

Actualmente, los 48,448 kilómetros cuadrados del país están divididos en 158 municipios y 235 distritos municipales, cada uno con un presupuesto particular y autonomía administrativa. De estos, solo cuatro municipios se crearon bajo la nueva ley.

Al consultar los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda, se verificó que 74 de los ayuntamientos del país, es decir el 46.87 %, tienen una población por debajo de 15,000 habitantes.

Si se evalúa esta condición en los distritos municipales, el 73.19 % tampoco tendría los requerimientos para constituir una entidad municipal. Unos 172 de los 235 distritos municipales reconocidos oficialmente se encuentran por debajo de los 10,000 residentes.

A pesar de que la Ley 176-07 ha sido una especie de filtro, entre los pocos territorios nacidos bajo dicha legislación, algunos violaron la ley desde su fundación.

Está el caso del municipio de Baitoa en Santiago, creado en 2013. Las disposiciones legales no fueron obstáculo para que se dividiera este territorio sin contar con al menos 15,000 habitantes. De acuerdo con el censo de población del 2010, tenía para ese entonces una población de 11,778 personas, fuera del mínimo de ley.

Carga presupuestaria

Diferentes sectores han criticado el impacto que tiene en las finanzas nacionales la creación indiscriminada de demarcaciones locales. Para tener una idea, de 2003 a 2006 se constituyeron 117 nuevos territorios, es decir, que en tres años se segregó prácticamente el tercio de las divisiones que existen en la actualidad.

El municipalista Waldys Taveras explica que es un problema que deberían atender las autoridades, pero no hay voluntad política para tomar cartas en el asunto.

Las 246 demarcaciones municipales que no llegan a tener el mínimo de población que se requeriría en la actualidad, representan una carga para el Estado de unos 4,500 millones de pesos anuales.

Las transferencias ordinarias del Gobierno Central para estas administraciones ascendieron a 4,588,339,463 pesos solo en el 2023.

De esta cantidad, 1,965,335,728 pesos fueron otorgados a los 74 municipios analizados para esta historia, mientras que 2,623,003,734 fueron depositados a solo 172 distritos municipales.

Diario Libre tuvo acceso al proyecto de transferencias ordinarias del Presupuesto General del Estado de 2025, y para esta partida el Poder Ejecutivo destinaría solo a 74 municipios unos 2,100,955,194 pesos.

“El anarquismo de la división territorial de la República Dominicana solamente tiene razón de ser en la apetencia de la clase política dominicana de tener espacio de elección, y eso también de buscar consideraciones de voto”, dice Taveras.

Expresa que el marco jurídico dominicano contempla la posibilidad de expulsión de territorios y que eso ya ha tenido resultados favorables en otros países, pero el clientelismo político no daría cabida a una decisión de esta categoría.

Defiende la división

En rechazo a la posición de Taveras, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) no cree que se deban quitar facultades ya otorgadas a los gobiernos locales.

“Lo ideal es ser muy cuidadosos con las divisiones territoriales, ya que podrían provocar un fraccionamiento excesivo del territorio, pero no somos partidarios de que se vulneren derechos ya otorgados a favor de los municipios ya creados”, subraya.

Fedomu propone que se coloquen candados para evitar que se continúe el fraccionamiento y la elevación de territorios sin que se dé cumplimiento a los requisitos que establece la Ley 176-07.

De igual forma, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) establece que la segregación de territorios municipales ha servido para llevar la inversión pública a los lugares de más carencia.

“La existencia de distritos municipales ha sido altamente favorable. Lo primero es que hemos democratizado el presupuesto y que espacios que no tenían ningún tipo de desarrollo urbano hoy evidencian un gran crecimiento”, manifiesta a Diario Libre el director ejecutivo de la institución, Pedro Richardson.

Indica que “por muchos años”, las únicas inversiones que llegaban a esos territorios eran las que hacían los distritos municipales en las autoridades locales.

Sugiere que una de las razones de la creación de distritos municipales, por ejemplo, fue la falta de servicios por parte del municipio a las zonas rurales. “Son esas deficiencias las que hacen que la gente quiera convertirse en un gobierno local”, asevera.