Los diputados del Congreso de Guatemala eligieron este jueves a los nuevos 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2029, una designación trascendental para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.
Los congresistas guatemaltecos lograron los consensos necesarios para elegir a los nuevos integrantes del Supremo a 10 días de que venciera el plazo establecido en la ley para definir a los sustitutos de los actuales magistrados.
Entre los aspirantes electos destaca la reelección de tres magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por Gustavo Adolfo Morales Duarte, quien en 2020 fue acusado de participar en el amaño de la elección de cortes de ese año.
Cuando concluyó la elección de los magistrados, diputados de oposición, como Allán Rodríguez, con denuncias por corrupción, celebraron con aplausos y gritos la elección de los magistrados.
Los nuevos magistrados del Supremo son: Carlos Lucero Paz, Claudia Paredes Castañeda, Gustavo Morales Duarte, Jenny Alvarado Tení, Igmaín García Pimentel, Flor Gálvez Barrios, Carlos Contreras Valenzuela, Flor García Villatoro, Clemen Juárez Midence, Teodulo Cifuentes Maldonado, Estuardo Cardenas, Luis Conrado Campos y René Girón Palacios.
El proceso de elección de magistrados del Supremo guatemalteco ha estado bajo la lupa internacional, de entes como la Organización de Estados Americanos (OEA), debido al actual deterioro que vive el sistema judicial del país, reflejado en los casos de persecución política contra periodistas, fiscales y activistas.
De acuerdo con la OEA, así como con organizaciones internacionales como Impunity Watch, este proceso de elección del Supremo era vital para “el rescate del sistema de justicia de Guatemala”.
Integrantes de la bancada oficial, consultados por EFE durante la votación, indicaron que la elección finalizó con candidatos “cuestionables” electos y con otros sin antecedentes que fueron apoyados por esta facción para su integración.
Entre 2014 y 2019 se llevaron a cabo investigaciones sobre el amaño de las elecciones de cortes por medio de la intervención de operadores políticos, como exministros y candidatos presidenciales que buscaban colocar a sus allegados en estos puestos.