La Penitenciaría Nacional de La Victoria quedará temporalmente excluida del plan de bloqueadores de señales que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), implementará en cuatro cárceles de República Dominicana.
La información fue confirmada por el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, quien explicó que para este penal se ha diseñado «otra estrategia», ya que la mayoría de los reclusos serán trasladados a la cárcel de Las Parras, cuya apertura se estima para marzo de 2025.
El funcionario señaló que la situación presenta un problema de orden técnico, por lo que actualmente se están enfocando únicamente en cuatro cárceles que requieren atención prioritaria.
Detalló que los trabajos en curso incluyen el levantamiento de datos y la implementación de bloqueadores de señales en las cárceles 15 de Azua, el Centro de Corrección y Rehabilitación de Higüey, El Pino en La Vega y Rafey Hombres en Santiago.
«Eso presenta un problema de orden técnico; por eso trabajamos primero en las cuatro cárceles que no tienen entornos poblados. Esto se debe a que, cuando el bloqueador entre en funcionamiento, podría afectar, lamentablemente, a las personas que viven en las cercanías», precisó.
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Explicó que la selección de estas cárceles está sujeta a cambios y agregó que aceptarán cualquier sugerencia de la Procuraduría General de la República.
No habrá licitación
Guido Gómez Mazara reiteró que no se realizará un proceso de licitación para el proyecto de instalación de bloqueadores de señales en las cárceles del país.
Informó que se comunicó con el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, para notificar que el Indotel destinará 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República para este propósito.
El proyecto de instalación de bloqueadores de señales en las cárceles del país tiene como objetivo cortar las comunicaciones móviles dentro de los recintos penitenciarios, previniendo el uso de teléfonos móviles para actividades ilícitas como fraudes, extorsiones y otras formas de crimen organizado, que han sido comunes en las prisiones.
Un informe reciente indicó que más del 85 % de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en el país provienen de las cárceles.