La fiscal general peruana Delia Espinoza anunció el jueves que inició una nueva investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte por no comunicar al gabinete ministerial y al Parlamento el «impedimento temporal” para ejercer la presidencia entre el 29 de junio y 9 de julio de 2023 tras operarse de la nariz. Es la sexta investigación fiscal que acumula Boluarte.
En un comunicado, la fiscal general indicó que la investigación contra Boluarte se abre ante la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales durante los 11 días que sucedieron al «procedimiento quirúrgico al que fue sometida”.
Según la ley, el delito de abandono de cargo ocurre cuando un funcionario deja su puesto “sin haber cesado legalmente”; mientras que la omisión de actos funcionales se produce cuando el servidor público «omite, rehusa o retrasa de manera ilegal un acto de su cargo». Ambos se castigan con dos años de cárcel.
De acuerdo con el procedimiento legal, la fiscal general podrá interrogar a la mandataria, al cirujano que la operó y a todos aquellos funcionarios del palacio presidencial —incluidos los ministros— que pudieran confirmar que la mandataria no ejerció sus funciones.
Luego de concluir su investigación preliminar, la fiscal general podrá acusar constitucionalmente ante el Parlamento a la presidenta, para que cuando Boluarte culmine su gestión, el 28 de julio de 2026, pueda ser juzgada ante la Corte Suprema, como determina el procedimiento para altos funcionarios en Perú.
Con esta investigación, la mandataria suma seis indagaciones fiscales por diversos delitos, incluido el de homicidio calificado por su responsabilidad en las muertes de manifestantes entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante una serie de protestas que exigían su renuncia.
La nueva investigación surgió luego que el martes el exprimer ministro Alberto Otárola —quien ejerció el cargo entre diciembre de 2022 y marzo de 2024— aseguró ante una comisión del Parlamento que Boluarte se realizó una rinoplastia en secreto en 2023 y luego de una semana y media se reincorporó de forma presencial a sus labores, aunque previamente trabajó de forma virtual.
Varios expertos afirman que Boluarte también incumplió la Constitución de Perú. El constitucionalista Heber Campos indicó el martes en sus redes sociales que la mandataria tenía el deber de avisar sobre la operación al Parlamento para evitar un “vacío de poder” y para que el Legislativo active “la regla de sucesión”, prevista en los artículos 114 y 115 de la Constitución. Ambos artículos señalan que durante la ausencia temporal de un presidente, asume el vicepresidente o si no existe, lo reemplaza el presidente del Parlamento.
Asimismo, Boluarte habría incumplido la ley 31810 que permite trabajar de forma remota únicamente cuando la presidenta está en el extranjero y no en territorio peruano.
El primer ministro Gustavo Adrianzén, quien reemplazó a Otárola a inicios de 2024, dijo, sin mencionar nombres, que la revelación de la cirugía era “una bajeza” y añadió que Boluarte “nunca ha abandonado sus funciones”.
La popularidad de Boluarte es la más baja de un mandatario peruano desde 1980. La firma Datum Internacional arrojó en noviembre que la aceptación a Boluarte descendió a 3%. Su impopularidad subió a 94%, mientras que 3% no opina.