El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) acusó al Gobierno de Luis Arce de prohibirle el acceso a atención y certificación médica, para justificar su inasistencia a una audiencia judicial en dos ocasiones, razón por la que recientemente un juez declaró su «rebeldía«.
«No entiendo ese carácter de prohibirme atenderme y prohibirme tener certificado (médico), eso quiero que sepa el pueblo boliviano hasta dónde llega el atrevimiento», dijo Morales durante su programa dominical en la emisora cocalera Kawsachun Coca.
Morales debía comparecer el martes ante un tribunal en la sureña región de Tarija para responder por un caso en el que se le acusa por trata agravada de personas, debido a una supuesta relación con una menor con la que habría tenido un hijo en 2016, cuando ejercía la Presidencia.
La defensa de Morales presentó un certificado médico de impedimento de asistencia a la audiencia por una bronconeumonía, mientras que el juez Nelson Rocabado postergó el acto judicial para el viernes, con la condición de que en 48 horas el exmandatario demostrara su enfermedad.
El juez consideró que Morales no justificó su ausencia dentro del plazo establecido, por lo que declaró su «rebeldía«, dictó una orden de aprehensión en su contra y pidió la anotación preventiva de sus bienes además del congelamiento de sus cuentas.
Al respecto, el exgobernante dijo que recurrió a varios médicos para que lo revisaran, quienes le indicaron que el Ministerio de Salud les había prohibido hacerle estudios y emitir certificados.
También señaló que recurrió a un médico privado que le hizo una valoración y le entregó una certificación, pero que se enteró que fue despedido de su trabajo.
«Yo no podía entender, primero intentan matarme con bala y ahora intentan matarme no atendiendo el tema salud», recalcó el político.
Morales afirmó al respecto que «no se respeta el debido proceso ni la presunción de inocencia como ordena la Constitución».
Por su parte, la ministra de Salud, María Renée Castro, expresó en sus redes sociales que «es absolutamente falso» que desde su cartera se haya instruido la destitución de algún médico por atender o emitir una certificación a Morales.
«Rechazamos categóricamente esas acusaciones falsas y malintencionadas, que no hacen más que desinformar y generar confusión», agregó.
El exgobernante permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, bajo custodia de sus seguidores ante la posibilidad de que la Policía ejecute la orden de aprehensión.
Asimismo, sostiene que el proceso por trata agravada de personas es «político» y para «eliminarlo» de la carrera presidencial de cara a los comicios generales que deben realizarse este año.
Morales insiste en que está habilitado para ser candidato, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2023 declaró que la reelección en Bolivia se aplica «por una sola vez» de forma continua o discontinua, y que fue refrendada por un fallo constitucional en 2024.
Esto afecta los planes de Morales, quien gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
El proceso por trata de personas empeora la relación entre Morales y el presidente Arce, distanciados desde finales de 2021 debido a las diferencias con respecto a las decisiones del Gobierno y el control del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).