El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) señaló este miércoles que el exministro de Justicia Iván Lima admitió que el Gobierno de Luis Arce planificó una estrategia judicial en su contra para inhabilitar su candidatura presidencial, para demandarlo judicialmente y apartarlo de liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
«El exministro de Justicia Iván Lima confirmó lo que tanto denunciamos. El gobierno de Arce planificó una estrategia judicial (lawfare) para eliminarme política, jurídica y electoralmente», escribió Morales en la red social X con las palabras de Lima.
Detención preventiva
Lima declaró hace unos días a la red de televisión Bolivisión que «Evo Morales está 100 días con una especie de detención preventiva» en el Trópico de Cochabamba (centro) y destacó que «no es jefe del MAS, tampoco está habilitado» para las elecciones del próximo 17 de agosto y que fue declarado en «rebeldía» por la Justicia.
«Los tres temas que tenían que darse en estos tres meses han tenido un desarrollo por demás relevante y avances significativos«, agregó Lima en esa entrevista.
«Presento esta prueba a la prensa del mundo y a organismos internacionales para demostrar que todo el bombardeo de acusaciones, difamaciones y acciones que hizo en mi contra el gobierno de Arce», señaló Morales en su publicación.
El exjefe de Estado mencionó que ha sido blanco de un «linchamiento mediático y judicial» en contra suya y señaló al Gobierno de Arce porque «usó y manipuló a jueces y fiscales que, obedeciendo órdenes políticas, prevaricaron».
Morales permanece desde octubre bajo el resguardo de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, para evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra.
El político afronta una denuncia de trata agravada de personas debido a una supuesta relación con una menor con la que habría tenido un hijo mientras era presidente de Bolivia en 2016.
Además, un juez de la sureña Tarija lo declaró en «rebeldía» por no presentarse en dos ocasiones a una audiencia de medidas cautelares por el caso de trata agravada.
Morales dijo que dicho proceso judicial junto a otros fueron impulsados por el Gobierno luego de que en septiembre lideró una marcha que recorrió 190 kilómetros hasta llegar a La Paz.
Se exigen soluciones
Con esa protesta, Morales exigió al Gobierno soluciones a la situación económica del país y respeto a un congreso que en 2023 lo proclamó «candidato único» del MAS para los comicios de 2025.
En noviembre, una sala del Tribunal Constitucional ratificó una sentencia de diciembre de 2023 que estableció que la reelección en Bolivia es por «una única vez», sea continua o discontinua, por lo que Morales no podría ser nuevamente candidato.
Unos días después, esa misma instancia, reconoció al dirigente Grover García, afín al Gobierno de Arce como presidente del MAS, lo que supuso el alejamiento de Morales del liderazgo de ese partido después de casi tres décadas.
Esta jornada, el exmandatario dijo que el «plan» del Ejecutivo «tuvo la complicidad» de magistrados «que dictaron sentencias ilegales para que el gobierno robe la sigla del MAS» y además inhabiliten, «ilegalmente», su candidatura.
Morales y sus sectores afines planean presentarse a las elecciones con un partido distinto al MAS.
Asimismo, el equipo jurídico que representa al político señaló este miércoles en La Paz que el objetivo de los casos judiciales es inhabilitar a Evo Morales, inhabilitación que sostuvieron «no es un hecho» pero que el Gobierno intenta consumar y que es aparte de un «plan negro» que denunciaron en 2022.
Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021, y durante este tiempo han sostenido una disputa respecto a las decisiones de Gobierno y por el control del MAS.
