El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido este martes por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que hay «motivos razonables» para creer que lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.
«La sala considera que hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable individualmente del crimen contra la humanidad de asesinato«, indica la orden de arresto de la CPI del pasado 7 de marzo, a la que ha tenido acceso EFE.
El documento, clasificado como «secreto» y que detalla el razonamiento del tribunal internacional, fue compartido con EFE por Josalee Deinla, la secretaria general de la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL), que apoyó la denuncia ante la CPI.
No obstante, la CPI se niega de momento a confirmar la existencia de dicha orden de detención, o a hacer comentarios sobre este arresto, sin ofrecer más explicaciones de las razones.
El documento, que habría sido enviado por la CPI a Interpol para proceder con el arresto, fue adelantado hoy por el medio digital Rappler, fundado por la periodista y Premio Nobel de la Paz María Ressa y que es conocido por su cobertura de la sangrienta guerra contra las drogas del exmandatario.
Tras una investigación que comenzó en 2021, la sala citó una lista «no exhaustiva» de asesinatos de supuestos delincuentes: 19 a manos de un escuadrón de la muerte en la ciudad de Davao, de la que Duterte fue alcalde durante 22 años, y otros 24 «por o bajo supervisión de miembros de las fuerzas de seguridad» durante su mandato como presidente (2016-2022).
Solo durante la presidencia de Duterte, las autoridades citaron en seis mil los muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, mientras que algunas ONG elevan a los muertos a 30.000.
Así, la sala de la CPI consideró contar con elementos suficientes para concluir que Duterte dirigió un escuadrón de la muerte formado por policías y criminales conocido como Davao Death Squad o simplemente DDS, según sus siglas en inglés.
El propio expresidente admitió haber dirigido escuadrones de la muerte ante un comité del Senado filipino el pasado noviembre, en unas confusas declaraciones en las que aseguró que estaba formado por «gánsteres» que mataban a criminales.
Tras hacerse con la victoria en las elecciones presidenciales de 2016, Duterte desencadenó una sangrienta guerra contra las drogas a nivel nacional.
Según el documento, la CPI consideró que el expresidente «instruyó y autorizó la comisión de actos violentos contra supuestos criminales» y ofreció «incentivos financieros y ascensos a oficiales de Policía y asesinos para matar a sospechosos», entre otras «contribuciones esenciales» de Duterte a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Aunque el propio Duterte retiró a Filipinas del CPI en 2019 para evitar ser implicado en la investigación sobre los asesinatos extrajudiciales, el tribunal subrayó en su orden que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro.
El exdirigente de 79 años fue detenido hoy por la Policía filipina al llegar al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de la capital filipina procedente de Hong Kong, y actualmente se encuentra retenido en la capitalina base aérea de Villamor.
La oficina presidencial ha afirmado que cumplió con la orden de arresto de la CPI recibida esta mañana por la oficina de la Interpol en Manila, aunque Duterte y sus seguidores han denunciado que se trata de una detención ilegal.
Según el procedimiento que sigue en estos casos, Duterte debería permanecer detenido hasta que Filipinas y la CPI acuerden su extradición a La Haya.
Cuando un sospechoso es arrestado por orden de la CPI, se debe primero notificar formalmente a las autoridades del tribunal la detención, lo que da comienzo a las conversaciones legales y diplomáticas.
Si Manila acepta entregar a Duterte, el expresidente será enviado a Países Bajos y trasladado al centro de detención gestionado por la Corte en La Haya, donde el sospechoso comparecerá ante un juez en una audiencia inicial para confirmar su identidad e informarles de los cargos y sus derechos, antes de avanzar hacia el comienzo oficial del juicio.
Sí Filipinas se niega o hay resistencia a la entrega, pueden iniciarse negociaciones diplomáticas. EFE