El traslado a La Haya del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, después de que fuera detenido en Manila tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, sigue el mismo camino que otros mandatarios juzgados por distintos tribunales especiales a nivel internacional.
Duterte está acusado del crimen de lesa humanidad de asesinato durante su “campaña contra las drogas” entre 2011 a 2019 en Filipinas, y aunque ese último año retiró a su país del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre los crímenes cometidos en los años anteriores.
El exmandatario filipino es el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación en 2002. El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto por la CPI en 2019 de los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban, aunque había pasado casi una década en el Centro de Detención de La Haya.
No obstante, la lista de órdenes de arresto emitidas por la CPI contra mandatarios incluye al presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y el expresidente sudanés Omar al Bashir.
- La CPI es un tribunal que se rige por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998, y tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión estatal. La Corte tiene 125 Estados miembros, aunque entre ellos no se encuentran grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China.
Tribunales especiales
La Haya también ha sido hogar de otros tribunales especiales ad hoc establecidos con apoyo internacional para casos y conflictos específicos.
Charles Taylor, expresidente de Liberia (1997-2003) y una figura clave en los conflictos de África Occidental, se convirtió en el primer exjefe de Estado en ser condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Actualmente cumple su condena en una cárcel de Reino Unido.
Su juicio fue llevado a cabo por el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), establecido con el respaldo de la ONU, y concluyó el 26 de abril de 2012 con una condena por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Aunque esta Corte operó en Freetown (capital de Sierra Leona), el juicio de Taylor se llevó a cabo en La Haya (Países Bajos) por motivos de seguridad.
El tribunal consideró “responsable” a Taylor de ayudar y armar a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes de sangre, con lo que se hizo cómplice de los crímenes cometidos durante la guerra en Sierra Leona (1991-2002), que causó unos 50.000 muertos y dejó miles de mutilados y desplazados.
En 1999, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), establecido en La Haya, presentó cargos contra Slobodan Miloševic, expresidente de Serbia, por su papel clave en las guerras de los Balcanes en la década de 1990.
Miloševic fue el primer jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra por un tribunal internacional mientras aún estaba en el poder.
Más tarde, en 2001, cuando ya no ejercía su cargo, Serbia lo arrestó y lo extraditó a La Haya, donde enfrentó un juicio histórico con más de 60 cargos, incluyendo genocidio en Bosnia, crímenes de guerra en Croacia y crímenes contra la humanidad en Kosovo.
Miloševic murió en 2006 en su celda antes de que se dictara sentencia, lo que dejó su juicio sin un veredicto final.