La procuradora Yeni Berenice Reynoso emitió la “Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes”, en el contexto de la creación de la nueva Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), dispuesta por el Consejo Superior del Ministerio Público tras una sugerencia del Poder Ejecutivo.
La prioridad de esta nueva unidad estará concentrada en desmantelar las estructuras criminales que organizan el tráfico ilícito de migrantes, poniendo un foco especial en investigar y perseguir a funcionarios públicos, militares y policías que participen en estas redes o que faciliten el delito mediante actos de corrupción como extorsiones, sobornos o dádivas.
La instrucción, fechada el viernes 25 de abril de 2025, ordena a los fiscales de todo el país otorgar alta prioridad a las investigaciones que cuenten con evidencia o inteligencia sobre la participación de servidores públicos en estos crímenes.
En tales casos, se instruye además solicitar la inmediata suspensión de los implicados a través de los órganos correspondientes.
Persecución
La UITIMC trabajará bajo la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
Su tarea incluye la inmovilización de cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y todo tipo de activos vinculados a las actividades ilícitas, así como el secuestro y decomiso de vehículos usados para el tráfico de migrantes.
El Ministerio Público recordó que el tráfico ilícito de migrantes constituye una de las formas más lucrativas y complejas del crimen organizado transnacional, y advirtió que su impacto socava los sistemas de control migratorio y de seguridad nacional.
Para enfrentar este desafío, la nueva unidad estará integrada por miembros seleccionados de las distintas agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, bajo criterios de excelencia ética y técnica, con competencias a nivel nacional.
Dispondrá además de tecnología de última generación, programas de formación en investigación compleja, incentivos especiales y evaluaciones periódicas para garantizar su eficacia.
El objetivo central, subraya el Ministerio Público, es fortalecer la respuesta interinstitucional y atacar el corazón financiero y operativo de las redes de tráfico ilícito de migrantes, en coherencia con los compromisos constitucionales y las obligaciones internacionales del país.