Los afectados por el caso de fraude de la empresa Munné realizaron una nueva jornada de reclamos el pasado miércoles 21 de mayo, en demanda de la devolución de los fondos que les adeudan desde hace más de seis años.

Durante la manifestación, el señor Cayetano Flores, uno de los representantes del grupo de reclamantes, reiteró el llamado a las autoridades, en especial a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, a quien solicitaron formalmente que los reciba para exponerle la situación que viven cientos de familias.

“Queremos que nos escuchen. Hemos agotado todos los canales y no hay respuesta. Seguiremos en las calles hasta que nos paguen nuestro dinero”, expresó Flores en nombre de los manifestantes.

Los reclamantes insistieron en que no cesarán sus acciones hasta que las autoridades judiciales actúen con firmeza y garanticen la devolución de los fondos a los afectados, muchos de los cuales —según han denunciado en anteriores ocasiones— han fallecido sin ver justicia.

Los manifestantes denunciaron que, a pesar de haberse presentado más de 300 querellas, las autoridades no han ofrecido soluciones concretas ni han judicializado a los responsables. Muchos de los afectados, en su mayoría adultos mayores, invirtieron sus ahorros de toda la vida en la empresa, que cerró operaciones en medio de acusaciones de estafa y manejo irregular de fondos.

“Han pasado más de seis años y seguimos en el mismo punto. Nadie ha sido condenado y nuestros ahorros siguen desaparecidos”, expresó uno de los voceros del movimiento.

Los protestantes también señalaron que más de 35 personas han fallecido esperando justicia desde que se destapó el escándalo financiero. Afirmaron que la empresa Munné aún mantiene bienes operativos, lo que, a su juicio, evidencia la falta de voluntad del Ministerio Público para actuar con firmeza.

En ese sentido, hicieron un llamado a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso para que intervenga en el proceso y reactive las investigaciones.

El caso Munné, que estalló en 2018, ha generado uno de los escándalos financieros más notorios en la región nordeste del país, pero hasta el momento no ha derivado en sanciones penales ni en la restitución de fondos a los inversionistas afectados.