Buscar a un hijo desaparecido por más de una década, ser tratado con indiferencia tras la muerte de una hija adolescente, pasar 20 años preso sin sentencia. Para muchos mexicanos, la justicia se alza como un muro de impunidad y desconfianza.
En este país asolado por la violencia criminal, apenas uno de cada diez casos se resuelve.
Con el argumento de combatir la impunidad y la corrupción, el gobierno de izquierda impulsó una reforma judicial inédita en el mundo, que el próximo domingo convoca a las urnas a 100 millones de votantes para elegir a los jueces del país, incluidos los de la corte suprema.
A continuación cuatro casos que ilustran las fallas del sistema de justicia mexicano, que según opositores y analistas podría sin embargo resultar politizado tras los comicios.
Desaparecido
Han pasado «10 años» y «seguimos en lo mismo», reclama Estanislao Mendoza, agricultor de 65 años que busca a su hijo Miguel Ángel, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el estado de Guerrero (sur) en 2014.
El caso es una de las peores violaciones de derechos humanos en México y símbolo de sus más de 120,000 desaparecidos.
Las pesquisas abarcan ya tres gobiernos y convocaron a expertos internacionales, pero entre múltiples versiones de lo ocurrido y sospechas de encubrimiento, no hay condenas.
Un informe reciente de una comisión oficial reportó 151 personas enjuiciadas y 90 liberadas (25 por falta de pruebas y 65 por haber sido torturadas).
Pero solo han hallado los restos calcinados de tres víctimas.
«Es muy difícil entender por qué los jueces actúan de esa manera«, afirma Mendoza en su parcela de maíz de Apango.
El caso implica a autoridades y narcotraficantes. Recientemente fue capturada una exjueza acusada de borrar evidencia.
Pese a que busca justicia, este padre no piensa votar el domingo. ¿Cómo hacerlo si «no conozco nada de ellos?», afirma, sobre los numerosos candidatos.
Antiético
El albañil Armando Olmeda, de 55 años, compara la búsqueda de su hijo con la travesía de un salmón río arriba.
Su viacrucis inició en agosto de 2023 cuando Roberto Carlos, estudiante universitario de 22 años, desapareció junto con cuatro amigos de la infancia en Lagos de Moreno (Jalisco, oeste), presuntamente a manos de narcos.
Su caso fue estremecedor. Un video grabado por los delincuentes muestra a los jóvenes siendo torturados y obligados a agredirse entre sí.
Los investigadores hallaron restos humanos en un horno de una ladrillera donde los muchachos «fueron incinerados», dijo entonces el presidente del poder judicial de Jalisco, Daniel Espinosa.
Pero el funcionario aclaró luego que los restos no habían sido identificados.
«Jamás nos avisaron» que iban a dar la información sobre el hallazgo de restos. «Faltó a su ética», acusa Olmeda.
Cinco sospechosos están siendo procesados.
La justicia «no está siendo aplicada a las personas que la necesitan», lamenta Olmeda.
Según cifras oficiales, en 2023 las fiscalías estatales abrieron 27,957 investigaciones por homicidio doloso, pero solo 6% concluyeron con sentencia.
Revictimización
El sistema judicial parece diseñado «para proteger todo menos al ciudadano», se queja Mario Escobar, padre de Debanhi, una joven de 18 años que desapareció en 2022 en el estado de Nuevo León (norte), tras tomar un taxi de aplicación luego de una fiesta.
Su cuerpo fue hallado en la cisterna de un motel cercano, un caso que atrajo interés internacional.
Las pesquisas han pasado por la fiscalía de Nuevo León y la fiscalía federal y la hipótesis de un golpe accidental en la cabeza a la de asfixia por sofocación, causa señalada en una tercera autopsia.
«Desde su desaparición, mi esposa y yo fuimos testigos de la insensibilidad institucional, la lentitud de los procesos y la falta de coordinación entre autoridades, lo que lastima doblemente a quienes ya estamos rotos por la pérdida de un ser querido», resiente Escobar.
Preso hace 20 años sin sentencia
Desde 2005, Israel Vallarta, señalado de secuestro, está preso y «sin juicio», lamenta su hermana Lupita frente a las miles de páginas del caso, en el que denuncian fabricación de pruebas.
Tras demostrarse violaciones procesales, en 2013 fue liberada su expareja, la francesa Florence Cassez, cuyo arresto desató una crisis diplomática con Francia.
Cinco familiares de Vallarta también fueron acusados de integrar una banda de secuestradores. Dos de ellos, detenidos en 2012, siguen presos; los demás fueron absueltos en 2016.
«Estuve seis años y nueve meses en la cárcel por mi apellido», afirma Alejandro, sobrino de Vallarta, quien asegura haber pasado por una «sala de tortura» donde le dijeron que tenía que «señalar a Israel y a Florence» para que no lo mataran.
El 37% de los detenidos en México a fines de 2023 no tenían sentencia, según datos oficiales.
El poder judicial «está viciado por la corrupción (…) lo viví en carne y hueso», afirma Alejandro.
