El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) consideró este domingo que la jueza Fátima Veloz dictó una medida de coerción en el caso de la discoteca Jet Set conforme a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano.
En una comunicación de prensa, sostuvo que la imposición de una fianza y el impedimento de salida del país, como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, la magistrada la dispuso “amparada en su facultad constitucional y legal.
Recordó que la medida “aun cuando es distinta a la prisión preventiva no equivale a una decisión impune, ni representa el cierre del proceso, sino que, por el contrario, forma parte del inicio del mismo en que se deberán determinar responsabilidades, correspondiendo en lo adelante al Ministerio Público y a los abogados de la víctima llevar el proceso hasta las últimas consecuencias”.
Condena presiones
En nombre del CARD, Trajano Potentini expresó su respaldo a la independencia y autonomía funcional con la que deben actuar los jueces del país, ante la ola de cuestionamientos y presiones que ha surgido en torno al accionar de la magistrada Fátima Veloz.
Este caso, que ha provocado una intensa conmoción social por tratarse de la trágica muerte de 235 personas, ha desatado una avalancha de reacciones mediáticas, reclamos ciudadanos y pronunciamientos del Ministerio Público y de los abogados de las víctimas, lo cual, según el CARD, ha desbordado los límites del respeto institucional y del debido proceso de ley.
Esta medida no debe ser interpretada como una absolución anticipada ni como una negación de justicia, sino como una actuación basada en criterios jurídicos, el proceso apenas comienza, y será en ese curso procesal donde deberán presentarse las pruebas y ejercerse los derechos tanto de las víctimas como de los imputados.
Petición del MP: “jurídicamente desproporcionada”
En su intervención, Potentini calificó como jurídicamente desproporcionada la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, en un caso en que, conforme a las normas actuales y salvo que se presenten agravantes probadas, la eventual pena podría oscilar entre tres meses y dos años.
“No podemos permitir que el sistema de justicia se vea distorsionado por decisiones que parezcan responder más al clamor popular que a la razón jurídica”, añadió.
El CARD alertó, además, sobre la tendencia creciente a convertir los procesos judiciales en espectáculos mediáticos donde se presiona a los jueces a fallar bajo el peso de la opinión pública y no bajo los dictados de la ley.
“Estamos frente a un fenómeno preocupante: la satanización de jueces que, por ejercer sus facultades, se ven atacados injustamente. La jueza Fátima Veloz ha sido víctima de una campaña de linchamiento mediático que no solo atenta contra su integridad profesional, sino contra la estabilidad institucional del sistema de justicia”, dice el CARD en una nota de prensa.
Llama a modificar Código Penal
El CARD Exhortó al Congreso Nacional a emprender con urgencia una reforma estructural del Código Penal dominicano, de forma que el país cuente con un marco jurídico moderno y coherente con la realidad social actual.
“Casos como el de Jet Set demuestran que nuestra legislación está rezagada y no brinda respuestas adecuadas ante hechos graves que conmueven a la sociedad. Necesitamos un Código Penal que contemple agravantes claros, nuevas figuras penales y procedimientos expeditos sin sacrificar garantías”, concluyó Potentini.