La familia del aspirante presidencial baleado en Colombia presentó una demanda penal contra el presidente, Gustavo Petro, por hostigamiento e incitación al odio en redes sociales, anunció este martes su abogado.
El mandatario izquierdista hizo «discursos estigmatizantes y de odio» contra el senador Miguel Uribe antes del atentado, el 7 de junio, en el que resultó herido por el impacto de tres balas, dijo el jurista Víctor Mosquera a medios.
La denuncia fue interpuesta ante una comisión investigadora de la Cámara Baja que puede luego tramitar la misma a la Corte Suprema, encargada de juzgar a los presidentes del país.
Uribe, uno de las mayores figuras de la oposición de derecha, está hospitalizado tras ser sometido a por lo menos cuatro cirugías.
Un menor de 15 años y tres mayores están detenidos por su presunta participación en el ejecución del ataque. Las autoridades buscan a los posibles autores intelectuales.
Las críticas del mandatario en X
Petro criticaba constantemente en la red social X al dirigente político de 39 años por rechazar en el Congreso los proyectos de ley impulsados por el gobierno.
Dos días antes del atentado lo tildó de ser «nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos«, en referencia al expresidente Julio César Turbay (1978-1982), criticado en su época por ordenar una campaña de persecución feroz contra miembros de la guerrilla M-19, a la que perteneció Petro.
El abogado sostuvo que la familia considera que Petro generó un «ambiente que pudo haber llevado a este atentado» y aseguró que tiene evidencia de por lo menos medio centenar de publicaciones de ese estilo realizadas por el presidente en X.
El mandatario dice que el atentado es un intento de desestabilizar a su gobierno y aceptó bajar el tono de sus comentarios contra la oposición.
El martes, la clínica que atiende a Uribe aseguró en un comunicado que su condición presenta una «desescalada de su estado crítico«, aunque todavía reviste gravedad.
Los cuatro detenidos fueron imputados por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos.