El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, otorgó este domingo un plazo de 30 días a las empresas telefónicas para depurar su base de datos correspondientes a líneas activas bajo modalidad prepago y eliminar los chips (SIM cards) que no están vinculados a una identidad verificada.

Mediante la Resolución 064-2025, a partir de ahora, ningún centro de venta podrá ofrecer SIMs prepago, sin exigir cédula, pasaporte o carné de residencia y una foto del comprador.

El funcionario explicó que esta medida busca facilitar que las autoridades puedan rastrear al titular de llamadas o mensajes vinculados a crímenes, incluso en casos graves como el narcotráfico o el sicariato.

«El prepago no es el problema. El problema es que se ha convertido en un mecanismo para operar fuera de la ley, y eso termina afectando los esfuerzos de instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en la persecución de actividades criminales», subrayó durante la rueda de prensa.

La resolución establece que las prestadoras deberán notificar a sus clientes mediante mensajes de texto (SMS) u otros medios de procedimientos y plazo para validar sus líneas. Si este proceso no se realiza, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y luego serán canceladas.

Aunque es una nueva disposición, no es la primera vez que el Indotel solicita a las telefónicas un mayor control. En el 2014, se prohibió la venta en las calles de chips para celulares. Se dio un plazo de seis meses a las empresas para que se abstuvieran de vender sin un nombre y una cédula del usuario.

Ante esto, Gómez Mazara explicó que se adoptó la nueva resolución ante el incumplimiento de las telefónicas y los revendedores, llamados a hacer los reportes de lugar.

«El que roba un celular y consigue una SIM anónima, puede seguir delinquiendo sin dejar rastro. Eso se va a acabar», afirmó el funcionario.

Los robos

El presidente de Indotel denunció que se han robado 54,378 teléfonos en los últimos 18 meses, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales y 100 por día.

Además, se estima que cada mes ingresan al país 4,000 celulares robados en el extranjero, en un mercado donde se contratan cerca de 400 mil líneas móviles prepago mensualmente, de las cuales el 85 % son vendidas de manera informal en la calle, dificultando su trazabilidad y control.

Mazara señaló que existen plazas comerciales donde se desarman y revenden teléfonos robados, lo cual alimenta una “industria delictiva” que debe ser desmantelada.

Las telefónicas que no cumplan con esta resolución podrían enfrentar sanciones, y se coordinarán acciones con el Ministerio Público para actuar dentro del marco legal.