Santo Domingo. – La organización apartidista Participación Ciudadana, a través de su capítulo de Transparencia Internacional, denunció que el gasto en publicidad del Gobierno durante el primer cuatrimestre de 2024 alcanzó cifras históricas, al sextuplicar su monto con respecto al mismo período del año anterior.
En un comunicado de prensa, la entidad informó que el gasto estatal en publicidad pasó de RD$491 millones en el primer cuatrimestre de 2023 a RD$3,121 millones en igual período de 2024. No obstante, indicó que en 2025 se redujo a RD$2,445 millones, aunque sigue siendo muy superior al valor registrado en 2023.
De acuerdo a la entidad, entre las instituciones que registraron los mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Supérate y el Indotel.
“No se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta opacidad impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos”, expresó la organización.
Participación Ciudadana recordó que, en enero de 2024, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 1-24, el cual establece que la publicidad oficial debe responder a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas.
Asimismo, destacó que la normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales, así como su utilización como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores. Además, subrayó que el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) exige una serie de condiciones, entre ellas la justificación de la selección de los medios contratados.
“La falta de cumplimiento de estas disposiciones vulnera el marco legal vigente y afecta la credibilidad del uso de los recursos públicos”, agregó la entidad
Ante esta situación, Participación Ciudadana solicitó a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) la publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
También exigió el detalle completo de los montos contratados, los medios beneficiados, los objetivos institucionales, los criterios técnicos de selección y la justificación de cada contratación, conforme a lo establecido en el decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos de Excepción.
Además, demandó una auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal en los períodos mencionados, así como la aplicación estricta del decreto 1-24 y del Manual de Procedimientos de Contratación Pública, incluyendo sanciones por su incumplimiento.
Finalmente, propuso el establecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano permanente que garantice el uso ético de estos recursos, y regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el gasto publicitario en años electorales.
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