El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción que pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en instituciones públicas.
De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, la red «se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas».
La acusación, sustentada alegadamente con más de 500 pruebas, fue presentada la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados”, declaró Ortiz.
Investigación
El Ministerio Público acusa a los implicados de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, mediante un esquema que afectó instituciones responsables de servicios a poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
- La solicitud de medida de coerción incluye además que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los hechos y el número de personas involucradas.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ortiz advirtió que la investigación continúa y que podrían producirse más arrestos. “Como en todas nuestras investigaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos”, afirmó. “Esto apenas comienza”.
La investigación se originó tras una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.