Los proyectos de exploración y explotación minera se pierden en una maraña de trámites burocráticos que los pueden retrasar por décadas o hacer que nunca alcancen el permiso final para comenzar el trabajo de extracción.
En la Dirección General de Minería (DGM) se mantienen paralizadas 275 solicitudes de exploración y explotación, algunas con hasta 17 años de antigüedad.
Las autoridades encargadas de coordinar estos procesos, y el sector empresarial afectado por los atrasos, coinciden en que el origen del problema es una Ley Minera (146-71) que establece procedimientos los cuales fueron pensados para el año 1971.
Rolando Muñoz Mejía, titular de la DGM, explicó que otros motivos de demora son la devolución de los expedientes por incumplimiento de los requisitos legales y las complejidades propias del negocio minero, que requiere estudios costosos y de larga duración.
“Muchas veces hacen las solicitudes dentro de áreas que no se pueden dar concesiones mineras. Entonces, hay que devolverles el expediente para que puedan dejar fuera, por ejemplo, áreas de desarrollo turístico, áreas de desarrollo agrícola, áreas protegidas, que es el caso que más se repite”, detalló.
Las autoridades trabajan en una plataforma digital en la que los solicitantes puedan precisar correctamente el terreno y evitar las devoluciones de documentos para rectificación.
El director de Minería admitió que la parte que toma más tiempo es la aprobación para explotación, después de que ya se obtuvo la autorización y se hizo la exploración para detectar la presencia de minerales.
“A veces una solicitud para aprobar un yacimiento metálico dura 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Después que tú ubiques ese yacimiento, identifiques recursos, cuantifiques, que haces el estudio de impacto ambiental, el estudio económico, consigues una licencia social, eso sí lleva a veces mucho”, afirmó el ingeniero en Geología y Minas.
Las concesiones mineras metálicas son las más rigurosas y las que tardan más. Las solicitudes de exploración pendientes en este renglón son 88, pero los que ya superaron esta etapa e hicieron una solicitud de explotación son sólo dos: el proyecto Romero, de Goldquest Dominicana, en San Juan, y el Neita Sur, de Unigold Resources, en Dajabón.
Ambos buscan oro, plata, cobre y zinc. La mayoría de los no metálicos están interesados en yacimientos de roca caliza, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sílice, arcillas, basalto y arena silícea. Los menos frecuentes buscan sal, yeso, granodiorita, feldespato y yeso.
El Ministerio de Energía y Minas ya consulta con los sectores interesados un borrador que luego someterán al Congreso Nacional para modificar la Ley 146-71 y disminuir los plazos que toman los permisos de exploración y explotación minera.
Muñoz adelantó que próximamente emitirá una resolución para sacar de la lista unos 43 expedientes que serán desestimados por incumplimientos.
Más ágil
Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, observó que, además del exceso de burocracia, hace falta recursos humanos en las instancias públicas.
Valerio reconoció el esfuerzo que se ha hecho para agilizar los trámites en los últimos años, a pesar de lo cual se mantiene un largo rezago.
“El gobierno está haciendo un esfuerzo, porque anteriormente eso llegaba al Poder Ejecutivo para que te dieran los términos de referencia. Pero hay que reconocer que todavía hay limitaciones técnicas y tal vez de recursos humanos en la evaluación”, señaló.
Asimismo, consideró que estas dificultades tienen un impacto negativo en la atracción de inversiones.
“La dilación en procesos administrativos definitivamente proyecta una imagen de ineficiencia. Eso atenta contra la seguridad jurídica y obviamente no iría en coherencia con el plan del Gobierno de eficientizar la gestión pública para la atracción de inversiones. Pero, siendo justo, ellos están haciendo un esfuerzo notable en mejorar eso”, evaluó el abogado.