Un informe reseña alegadas irregularidades en el mantenimiento de los planteles escolares durante el 2022 a 2024, lo que generó un déficit de más de 4,500 millones de pesos al Ministerio de Educación, dirigido en ese entonces por Ángel Hernández, quien se quejó ante la Contraloría por la falta de información para poder tomar medidas contra los responsables.
El documento, fechado en febrero de 2025, presenta un desglose cronológico de los desembolsos realizados por año, múltiples violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, y una acumulación de deudas atribuida a la gestión de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (Dgmie).
La Dgmie era encabezada por Fernando Hiram Taveras, quien en marzo de 2025 fue designado viceministro de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas mediante el decreto 109-25, firmado por el presidente Luis Abinader.
Según el informe, para la quinta jornada de mantenimiento correctivo se transfirieron, en el 2022, unos 3,400 millones de pesos, mientras que, para la sexta, en el 2023, se desembolsaron 3,000 millones de pesos.
Sin embargo, el mal manejo acumulado generó un déficit de 4,588 millones de pesos en mayo de 2024. La inversión total en los centros fue de 10,988 millones de pesos.
El documento sale a la luz pública tres días después de que el actual ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, solicitara a la Contraloría General de la República un equipo para auditar los programas de mantenimiento correctivos durante los años anteriores.
La cronología
Todo comenzó en mayo del 2024, en San Cristóbal, donde, tras un acercamiento de un ingeniero para reclamarle por los pagos de un distrito educativo, el titular del Minerd solicitó aclaraciones a la Dgmie, así como un análisis a la Dirección Financiera y una auditoría especial realizada por la Dirección de Fiscalización, según reseña el informe.
El primer análisis financiero reveló que ya se habían tramitado pagos por 6,953.5 millones de pesos. A esto se sumaban expedientes en proceso de pago por 661 millones de pesos, elevando el déficit a 1,214.5 millones de pesos.
Además, se identificaron presupuestos en elaboración por 1,188.6 millones de pesos y 463 centros educativos con obras en ejecución, cuyo costo estimado ascendía a 1,790.8 millones de pesos. En conjunto, el déficit total proyectado alcanzaba los 4,193.9 millones de pesos.
Las causas del desbalance, de acuerdo con el informe, fueron: trabajos ejecutados sin respetar los montos inicialmente establecidos y falta de planificación presupuestaria con anticipación.
Además, la Dgmie asumió el control de los trabajos, escogió sus propios contratistas y dividió las obras para ajustar los montos al umbral permitido para las justas descentralizadas, violando así la Ley 340-06 y la Resolución 02-2019, que otorga autonomía a las juntas descentralizadas en la gestión de fondos.
En su defensa, la Dgmie atribuyó el fallo a la autonomía que tienen las juntas descentralizadas en la administración del presupuesto, lo que resultó contradictorio frente a los hallazgos de la auditoría.
Mientras tanto, la auditoría especial realizada por la Dirección de Fiscalización, el 22 de mayo de 2024, destapó más presuntas irregularidades: desviación de fondos y deficiencia administrativa, debido a la falta de coordinación entre esa dependencia, el Viceministerio de Descentralización y los distritos.
También se detectaron instalaciones eléctricas y sanitarias incompletas, baja calidad de materiales, falta de supervisión —ya que la Dgmie no garantizó el cumplimiento de los estándares de calidad—, empleados del Minerd actuando como contratistas y trabajos inconclusos.
El informe señala que, el 7 de junio de 2024, se inició otra auditoría a los mantenimientos correctivos realizados entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
El primer informe de esa experticia, enfocado en la Regional 16 de Cotuí, fue presentado el 12 de agosto. En el mismo se ratificaron las anomalías en la Dgmie.
Pero, inconforme, el titular del Minerd solicitó más detalles, en los que se muestren los trabajos no ejecutados, los contratistas responsables y los documentos que validen los fallos, para así poder aplicar las medidas correctivas.
“El informe confirmó irregularidades, pero sin la información suficiente para que el Minerd pudiera tomar decisiones informadas y aplicar sanciones”, señala el reporte.
En 15 de octubre del 2024, se presentó un informe definitivo, en el que se certificó, nuevamente, las infracciones, pero el Minerd insistió que la evaluación debía revelar a los funcionarios responsables, pese a que, en la relación de la instalación de aulas móviles, se verificaron pagos por 112.5 millones de pesos.
En ese sentido, Educación instruyó un proceso de fiscalización interna en los centros con cuentas por pagar, cuyas deudas pendientes rondaban, a diciembre del 2024, unos 2,594 millones de pesos.
Más adelante, ese monto fue pagado en dos fases: un avance del 40 y el 60 % cuando se verificaron que los trabajos en los planteles estaban completos.
Los montos adicionales transferidos ascienden a 3,482 millones de pesos, una primera partida de 887.7 millones en agosto, y dos partidas en diciembre de 2,415.9 millones y 178 millones de pesos, lo que, sumado a los 6,400 millones iniciales, arrojan un total transferido de 9,882 millones de pesos.
A febrero del 2025, se habían realizado 1,923 pagos como avance del 40 %. De esos 947 fueron confirmados como entregados. Además, se completaron el 60 % de 131 centros, luego que el Departamento de Verificación validara su cumplimiento.
Y, para el 17 de febrero, una semana antes de Hernández ser reemplazado por De Camps como ministro de Educación, había cuentas por pagar por 1,106 millones de pesos, correspondientes a nuevos expedientes tramitados por la Dirección de Infraestructura, cuyos fondos no habían sido transferidos a los distritos educativos.