El gobierno interino de Perú declaró este martes un estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.
«El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia a las 00H00 horas (del miércoles, ndlr) y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao», dijo el presidente José Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisora estatal.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden.
Libertades públicas
El gobierno también puede restringir o suspender determinadas libertades públicas, como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasado, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia a manos de sicarios. En Lima y Callao viven más de 10 millones de personas.
«Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país«, dijo Jerí en su mensaje de menos de tres minutos.
«Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú», agregó Jerí.
La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales.
«Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos», señaló rodeado de su gabinete ministerial.
Las autoridades habían adelantado el 16 de octubre que se implementaría un estado de emergencia en Lima de cara a la violencia del crimen organizado, que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.
Las manifestaciones encabezadas por jóvenes derivaron el 15 de octubre en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista Jerí.
- La inseguridad ciudadana provocó el 10 de octubre la destitución en el Congreso de la entonces presidenta, Dina Boluarte.
Perú sufre desde 2024 un incremento de la violencia urbana con una ola de extorsiones que ha puesto a la inseguridad como la principal preocupación de la población, según los sondeos.
Las denuncias de extorsión pasaron de 2,396 en 2023 a 15,336 en 2024 en el país andino, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.