Durante meses, la sala del Tribunal Regional de Aquisgrán escuchó una historia que parecía imposible: la de un enfermero que debía aliviar el dolor de los pacientes terminales y que terminó quitándoles la vida.
El miércoles, el tribunal puso fin al proceso. Ulrich S., de 44 años, fue condenado a cadena perpetua por 10 asesinatos, 27 intentos de asesinato y dos casos de lesiones graves. El fallo estableció además la “especial gravedad de la culpa”, lo que reduce casi a cero la posibilidad de que algún día recupere la libertad.
Una calma peligrosa en la sala de paliativos
Ulrich S. trabajaba en la unidad de cuidados paliativos del hospital Rhein-Maas de Würselen, cerca de Aquisgrán. Su turno preferido era la noche. En ese horario, las luces se atenuaban, las alarmas de los monitores sonaban menos, y el enfermero buscaba —según los jueces— que nada ni nadie lo interrumpiera.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, administró a pacientes gravemente enfermos dosis no autorizadas de midazolam, un sedante usado en algunos países para aplicar la pena de muerte.
Los fiscales reconstruyeron un patrón: Ulrich S. inyectaba a sus pacientes mientras dormían o cuando estaban demasiado débiles para resistirse. En algunos casos combinaba el sedante con analgésicos potentes. El resultado fue una cadena de muertes en la que los signos vitales caían de golpe, sin que existieran órdenes médicas que justificaran esas dosis.
La alerta que destapó el caso
El hospital presentó una denuncia en mayo de 2024, después de notar irregularidades en los registros de medicación. Las dosis administradas no coincidían con los reportes escritos. También se descubrió que el enfermero había solicitado fármacos en cantidades que excedían lo habitual. La policía formó la comisión especial Fluss, que revisó cientos de expedientes y realizó exhumaciones.
Los primeros resultados confirmaron sobredosis letales en al menos diez pacientes. Otros veinticuatro sobrevivieron con graves secuelas.
El juicio
El proceso comenzó en marzo de 2025. Durante la lectura de la acusación, Ulrich S. permaneció inmóvil. El fiscal lo describió como un hombre sin empatía que se creía superior a sus colegas. La acusación señaló que su motivo era simple: quería pasar noches tranquilas, sin alarmas ni peticiones de ayuda.
En el juicio se presentaron declaraciones de compañeros de trabajo y de familiares de las víctimas. Algunos colegas recordaron su forma rígida de trabajar, su obsesión con el orden y los comentarios sarcásticos que hacía sobre los pacientes. Una enfermera declaró que él se refería a las inyecciones como “spritze zur Ruhe” —la “inyección de la calma”—.
La defensa y el veredicto
Ulrich S. negó los hechos hasta el final. Su abogada, Tanja Tomasso, afirmó que su cliente “no se siente culpable de nada” y que actuó siempre “para aliviar el sufrimiento”.
El tribunal no aceptó esa versión. Según el juez Markus Vogt, el acusado conocía perfectamente los riesgos de los fármacos y actuó con plena conciencia de sus efectos.
Un informe psiquiátrico concluyó que el acusado presenta una combinación de trastorno narcisista y antisocial de la personalidad. Esa condición, sin embargo, no afectó su responsabilidad penal.
Fallas en el sistema
El fallo señaló también las omisiones institucionales. En el hospital, nadie controló el uso irregular de medicamentos. No se revisaron las órdenes de administración, ni se exigieron explicaciones cuando faltaban registros.
Varios médicos dieron versiones distintas sobre quién debía autorizar el uso del sedante. Para el tribunal, ese vacío de supervisión creó el ambiente que permitió las muertes.
El juez Vogt citó durante la sentencia el libro Tatort Krankenhaus, que documenta 38 casos similares desde 1978. Dijo que las condiciones que los permitieron —escasa vigilancia, exceso de confianza y miedo a denunciar— se repiten en el caso de Ulrich S.