Caso Calamar: “Licencia médica” vuelve a retrasar proceso por corrupción de RD$19 mil millones

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Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

SANTO DOMINGO.– La audiencia preliminar del proceso por corrupción administrativa contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros imputados, fue aplazada nuevamente, debido a que Castillo presentó un certificado médico que le otorga licencia de cinco días.

Se trata de la quinta ocasión en que la audiencia se pospone, dentro de un proceso que ya ha sido aplazado al menos 19 veces desde su inicio, el 17 de junio de 2024. Entre los motivos de los retrasos figuran recusaciones, licencias por salud, desgloses de imputados y notificaciones pendientes.

Esta vez la audiencia fue aplazada hasta el jueves 4 de diciembre a las 9:00 a.m.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Melbin Romero y Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución, y Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reiteró que está listo para iniciar la audiencia, pero denunció que los imputados han utilizado licencias médicas como estrategia dilatoria.

“La posición del Ministerio Público es que siempre hemos estado disponibles para conocer la audiencia, sin embargo, diferentes partes de las defensas se han dedicado a utilizar licencias médicas como instrumento dilatorio para que no se conozca el caso”, declaró Romero.

El caso Calamar involucra a importantes colaboradores del gobierno pasado.

El caso, derivado de la Operación Calamar, acusa a los procesados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones, sobornos para financiar la campaña electoral de 2020 y otras prácticas ilícitas.

En total, el Ministerio Público presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.

El órgano acusador advirtió que los imputados buscan dilatar el proceso para evitar que los tribunales dicten las sanciones correspondientes, y reafirmó su compromiso de garantizar que la justicia se cumpla conforme a lo esperado por la sociedad dominicana.

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