El abogado Miguel Valerio aseguró que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, ha sufrido una drástica pérdida de peso mientras cumple prisión preventiva, al punto de haber reducido entre 70 y 80 libras desde que fue privado de libertad.

Valerio, quien encabeza la defensa del exfuncionario, afirmó que la situación de salud de Hazim ha sido utilizada de forma irresponsable en algunos espacios mediáticos, donde —según dijo— incluso se ha puesto en duda su derecho a la salud y a la dignidad humana.

«He visto cómo ciertos medios alternativos han criticado que él no tiene derecho ni a la salud ni a la dignidad humana. Eso demuestra el modelo de sociedad que tienen», expresó.

El jurista indicó que, aunque Hazim permanece recluido, la defensa evalúa la conformación de una junta médica que certifique su estado de salud, aun cuando —recordó— un juez de primer grado ya reconoció la existencia de condiciones médicas que ameritan atención.

«Dureza» de la prisión preventiva
Más allá del tema de salud, Valerio cuestionó con dureza la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva contra su defendido, acusado por el Ministerio Público de cometer presuntas irregularidades administrativas durante su gestión en Senasa, que habrían provocado un perjuicio superior a 15,900 millones de pesos a la ARS estatal.

A su juicio, la decisión judicial es desproporcionada, inconstitucional y carente de motivación jurídica válida. Sostuvo que la resolución no analiza elementos fundamentales como el arraigo ni el supuesto peligro de fuga, y que se apoya en referencias ajenas al derecho.

«Lo que se habló ahí fue de una trama tenebrosa, según el juez, basada en Tolstói y en Timoteo de la Villa. Eso en un Estado de Derecho no se puede. Las sentencias no se motivan ni en la Biblia ni en la literatura, sino en lo que dice la ley», afirmó.

Valerio explicó que la defensa ya interpuso un recurso contra la medida, centrado no en la solicitud del Ministerio Público, sino en lo que calificó como el carácter «desmedido, desproporcional y antiético» de la resolución de primer grado.

En ese sentido, recordó que la ley establece revisiones periódicas de la prisión preventiva y que el Tribunal Constitucional ha fijado criterios sobre la razonabilidad de su duración, por lo que entiende que los 18 meses impuestos resultan excesivos.

«Estamos esperando que la Corte tome una decisión y reconozca que 18 meses son demasiados meses de prisión preventiva», sostuvo.
El abogado insistió en que la resolución es nula de pleno derecho y reiteró que la defensa espera una variación de la medida de coerción, en consonancia con los principios del debido proceso y el Estado de derecho.

Imputación
A Santiago Hazim y a los también exfuncionarios del Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez se les imputa crear «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos».

Los sobornos que alegadamente cobraron a empresas, sin estas «cumplir con las obligaciones contratuales», eran de hasta un 30 por ciento.

Asimismo, se les señala de someter a afiliados de la ARS a procedimientos altamente riesgosos que ponían en peligro su vida y sin necesitarlos.Los presuntos empresarios beneficiados con las cuestionadas contratas son Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo, también sometidos a la justicia.

La contratación de servicios privados afectó a los hospitales públicos y por ende su presupuesto, por la «privatización fraudulenta de los servicios de Atención Primaria de Salud».