Los movimientos en el tren gubernamental suelen traducirse en decenas de cancelaciones dentro de las instituciones públicas. Tras los recientes cambios en el Gabinete, realizados en enero por el presidente Luis Abinader, se han reportado despidos significativos en distintos organismos del Estado.

El caso más relevante hasta el momento es el de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, que, en medio de un proceso de cambio de titular y una reciente fusión institucional, ha registrado cientos de desvinculaciones.

La nueva titular de la entidad, Mayra Jiménez, informó en una entrevista exclusiva a Diario Libre que el 31 de diciembre de 2025 fueron desvinculados 320 colaboradores, como resultado de la fusión de la Dirección con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), así como de adecuaciones presupuestarias.

A esto se suma que, con el nuevo modelo organizativo y la aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, y la Ley 345-22, Orgánica de Regiones Únicas de Planificación, Supérate pasó de una estructura de 16 direcciones regionales a 10, lo que también incidió en la reducción de la nómina.

“Mi experiencia en la administración pública, y como uno tiene que manejar las instituciones, me indican que tengo que partir de esa premisa de que tiene que ver con un proceso de fusión”, dijo.

Jiménez explicó que todo este proceso fue el resultado de meses de integración entre ambas instituciones y se ejecutó -dijo- antes de que asumiera sus funciones. Señaló, además, que como consecuencia de la fusión existían múltiples funciones duplicadas y cargos que no encajaban en la nueva estructura organizacional.

“(Los 320 despidos) no tienen nada que ver conmigo, que entré por un decreto el día seis y que me enteré al puesto que iba el día cinco”, agregó.

La funcionaria precisó que no ejecutó directamente las cancelaciones, aunque sí le correspondió firmar la efectividad de la exclusión de la nómina de este personal, proceso que se realiza el mes siguiente al despido, conforme al procedimiento establecido, y que coincidió con su llegada a la institución.

Al examinar las cartas de despido de estos más de 300 exempleados, se constató que fueron clasificados como “personal eventual” en distintos departamentos, proyectos y direcciones regionales del país, con salarios que oscilaban entre 8,000 y 75,000 pesos.

Las actas mencionan áreas como la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Superación Económica, la Subdirección de Proyectos Sociales y Asuntos Comunitarios, Operaciones y la Dirección de Niñez y Adolescencia.

También se registraron exclusiones en programas como Cero Hambre y el Proyecto Comercio Solidario, así como en direcciones de coordinación regional, entre ellas Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Valdesia Regional Este, Regional Este I, El Valle I Enriquillo, Norcentral II y Nordeste II. En las regionales, el salario más común oscilaba entre 9,000 y 25,000 pesos.

Las cancelaciones de enero
Las desvinculaciones en la Dirección de Supérate han llamado la atención de sectores de la población. Aunque este volumen de cancelaciones se atribuye principalmente a una reforma institucional, en enero Jiménez también realizó ajustes alineados con la nueva dirección de la entidad, que incluyeron decenas de desvinculaciones adicionales. En ese contexto, también se produjeron cambios en puestos directivos y de confianza.

Durante enero se registró el ingreso de seis empleados procedentes del Ministerio de la Mujer; la exclusión de siete personas por derogación de decreto; la desvinculación de 34 colaboradores, incluyendo algunos afectados por la supresión de seis regionales; y la renuncia de 14 empleados.

Esta cifra no incluye la significativa reducción del personal de Comunicaciones, que pasó de 77 a 36 colaboradores, ni la disminución de los militares asignados a la Dirección, que de 463 pasaron a 257. Cabe aclarar que estos agentes están asignados a la institución, pero no figuran formalmente en su nómina.
Más periodistas que en un periódico
Entre las áreas más afectadas figura la Dirección de Comunicaciones. La funcionaria informó que su llegada, esta dependencia contaba con alrededor de 77 empleados, de los cuales seis pasaron al Ministerio de la Mujer, uno renunció y 49 fueron cancelados.

Uno de los afectados por estas cancelaciones expresó: “Fue a casi todos en el departamento”.

“El departamento de comunicación, que es bastante grande, ella canceló a todo el mundo. Las personas de ADESS que Gloria acogió y que fueron trasladadas al bloque también las cancelaron. Ella limpió totalmente. Hasta una embarazada. Al momento no se dieron cuenta de que estaba embarazada y le entregaron su carta, pero cuando se percataron, se la retiraron de inmediato”, manifestó una de las desvinculadas.

Mayra Jiménez indicó que tanto la Dirección como la institución se encuentran en un proceso de reestructuración y que existe la intención de desconcentrar el personal de Comunicaciones del Gran Santo Domingo, con el objetivo de contar con equipos mínimos en el interior del país.

El equipo que acompañó a la nueva incumbente al asumir el cargo está compuesto por ocho personas, por lo que actualmente la Dirección cuenta con 36 colaboradores.

La actual directora de Comunicaciones, Carolina Acuña, procedente de la gestión anterior en el Ministerio de la Mujer, explicó que ha circulado mucha desinformación sobre el tema y negó de forma categórica la cancelación de embarazadas y de personas con discapacidad.

Circuló la versión de que un empleado con discapacidad motora fue despedido en este proceso de reformas; sin embargo, el propio Carlos García desmintió esa información al ser contactado por este medio.

García, usuario de silla de ruedas a raíz de diversas operaciones por un tumor cerebral, trabaja en la institución desde 2019 como técnico de Comunicaciones, en el área de Monitoreo.

Otras instituciones
Diario Libre identificó diversos casos de desvinculaciones en otras instituciones, como el Ministerio de Agricultura. A esto se suman denuncias formuladas a inicios de año por varios legisladores, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sobre una “gran ola de despidos” en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

“Los que no estamos en carrera somos presa fácil. Yo he sido dichoso de haber sobrevivido”, expresó un empleado, al describir el ambiente en una de las instituciones sometidas a cambios.

“Hay que esperar de aquí al viernes (hoy), a ver si continúa”, añadió con incertidumbre el hombre, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

Tras la designación de Francisco Espaillat Bencosme como ministro de Agricultura, varios empleados han reportado desvinculaciones tanto en puestos directivos como en cargos de confianza.

Según diversas fuentes, fueron despedidos los titulares de las direcciones de Recursos Humanos y Comunicaciones, así como el subdirector de Recursos Humanos y los directores regionales de La Vega y Santiago.

Denuncias en la DGII
En la Dirección General de Impuestos Internos se consultó a distintos empleados sobre la denuncia de cambios masivos de personal formulada por el legislador Alfredo Pacheco. No obstante, estos sostienen que se trata de “movimientos naturales”.

“Hay cambios propios y naturales en una transición de esta naturaleza, especialmente en el equipo directivo. Sin embargo, la DGII es una institución altamente técnica y no está en la voluntad del nuevo incumbente realizar modificaciones mayores. Por el contrario, la prioridad es continuar tecnificando los procesos y fortaleciendo las capacidades del personal para seguir impulsando las metas institucionales. El enfoque es priorizar la calidad técnica de los colaboradores”, expresaron.

Punto de vista sindical
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu, afirmó que, independientemente de los cambios de Gobierno, no deberían producirse cancelaciones de empleados que estén desempeñando adecuadamente sus funciones, ya sea en un ministerio o en una dirección.

“Incluso dentro de un mismo Gobierno se produce un cambio de funcionario y el que llega comienza a cancelar personal. Nosotros no somos partidarios de eso, porque genera desagrado en la opinión pública, crea tensión y transmite la idea de que la preparación y la dedicación no tienen valor, y que alguien puede ser cancelado simplemente por no pertenecer a la corriente política del funcionario que asume”, sostuvo.

Abreu consideró que el presidente Luis Abinader debe hacer un llamado a sus funcionarios para evitar estas prácticas, ya que generan malestar en la administración pública.

“Creo que el presidente debe intervenir para que no se produzca este tipo de intranquilidad. A quien cumple con su deber hay que respetarle su posición dentro de la administración”, enfatizó Abreu.

Transiciones pacíficas
En otras instituciones donde recientemente se han producido cambios, como el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Aduanas (DGA), se asegura que las transiciones han sido amigables.

Según fuentes consultadas, estas entidades coinciden en que no se han realizado cambios de gran magnitud y que los ajustes efectuados responden, en su mayoría, a la sustitución de colaboradores que decidieron acompañar a sus anteriores incumbentes.