El gobierno de Cuba autorizó este martes, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa.

El decreto ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril, regula «las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales» para «la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas«, según el texto publicado en la Gaceta Oficial.

Estas nuevas entidades tendrán autonomía empresarial y pueden determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero.

Asimismo, podrán realizar todo tipo de actividades, «con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o a actividades relacionadas con las instituciones armadas«, añade el texto, subrayando que no están sujetas a los principios de planificación que rigen gran parte de la economía cubana.

Evolución del sector privado en Cuba y contexto económico

En 2021, el gobierno cubano autorizó la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas (mypimes), hasta con 100 empleados, en ciertos sectores de la economía, luego de una prohibición de casi seis décadas.

Ante las dificultades del Estado para obtener divisas en medio de una crisis económica sin precedentes -marcada por el reforzamiento del embargo estadounidense, la caída del turismo, el fracaso de la reforma monetaria y las debilidades estructurales de las empresas estatales-, el sector privado ha ganado terreno en el tejido económico en los últimos años.

Para 2025, las aproximadamente 9.900 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa.

Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total.

En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista cubano