El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispuso el aplazamiento de la audiencia preliminar por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, donde perdieron la vida de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos.
La decisión fue adoptada tras incluirse en el proceso la madre de Antonio Espaillat, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas.
En ese sentido, el juez ordenó la notificación formal a la señora Ana Grecia López, al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), quienes han sido puestos en causa para que respondan por presunta responsabilidad civil en la tragedia.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 6 de abril, fecha en la que las instituciones estatales deberán comparecer para fijar su posición frente a las reclamaciones de las víctimas y sus familiares.
«El tribunal tiene el deber de garantizar que todas las partes, incluyendo las demandas contra el ayuntamiento y el Estado, estén debidamente citadas», sentenció el magistrado Mejía, subrayando que la transparencia es vital dada la magnitud del caso.
Defensa y logística internacional
Durante la audiencia, el abogado Miguel Valerio, representante de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales implicados de la tragedia, informó al tribunal que la madre de sus defendidos, la señora López, de 85 años de edad y que padece de Alzheimer , reside actualmente en el estado de la Florida, Estados Unidos.
Valerio proporcionó la dirección correspondiente para asegurar que las notificaciones internacionales se realicen conforme a la ley.
El juez Mejía anunció que el tribunal sesionará los lunes y viernes, con el objetivo de evitar que la carga burocrática detenga el avance del juicio, así como la complejidad del expediente y la alta cantidad de querellantes.
Informó que solicitó autorización al Poder Judicial para transmitir la audiencia preliminar en vivo desde el salón del Primer Tribunal Colegiado, garantizando así el acceso a la información para toda la sociedad.
«No será un laberinto procesal»
El juez Raymundo Mejía reconoció que la cantidad de actores civiles dificulta el control del proceso, pero se mostró tajante en su compromiso con la celeridad.
«Yo asumo la responsabilidad de avanzar. Lo que se necesita ahora es que ustedes prueben sus argumentos en el estrado. No permitiré que este caso se convierta en un laberinto procesal sin salida», concluyó el magistrado.
En la audiencia, se dieron calidades por cinco nuevos querellantes que constituyeron en contra de los hermanos Espaillat, acusados de los delitos de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias.