Un subprefecto de un municipio del altiplano peruano fue castigado a latigazos por haber participado en un acto electoral de la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que por cuarta vez busca ser presidenta del país.
En Perú, los prefectos y subprefectos son una autoridad política de confianza, dependiente del Ministerio del Interior, que representa al Presidente de la República a nivel provincial o distrital.
El hecho ocurrió en Macarí, una población de la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia, en la que Fujimori estuvo en una visita rápida y con unas pocas personas, debido a la alta impopularidad que la líder del partido derechista Fuerza Popular tiene en esta zona del país.
En las fotografías que se tomó Fujimori en esa visita aparece el subprefecto de Macarí, Freddy Condori, lo que motivó que las rondas campesinas, personas civiles que ejercen tareas de vigilancia para mantener el orden en comunidades rurales, lo llevasen hasta la plaza pública para someterlo a un ajusticiamiento, según reportaron varios medios locales.
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Justifican accionar
Los ronderos justificaron el castigo contra Condori en que el subprefecto vulneró la neutralidad política que le exige como autoridad.
Puno es una región mayoritariamente hostil para aquellos candidatos de derecha que, con sus votos en el Congreso, respaldaron y protegieron a la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) frente a las masacres ocurridas en la represión a las protestas ocurridas al inicio de su mandato, una de ellas en este departamento del territorio peruano.
Adicionalmente, Fujimori centró en Puno sus denuncias sin pruebas sólidas de «fraude» en las últimas elecciones, donde perdió contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) por algo más de 40,000 votos, al asegurar que allí hubo mesas electorales supuestamente integradas por familiares al tener los tres miembros el apellido Catacora, un apellido muy común en esta zona de Perú.
El prefecto de la región de Puno, Adolfo Pizarra, reconoció a medios locales que el subprefecto de Macarí no debió haber intervenido a esa actividad, por lo que su caso será evaluado para ser eventualmente sancionado de manera administrativa, pero acusó a las rondas campesinas de haberse sobrepasado en su actuación.
«Nosotros respetamos bastante a otras instituciones y organizaciones sociales sobre su trabajo. Sin embargo, tengo entendido que las rondas trabajan bajo una ley que les da la autonomía de apoyar a las autoridades en impartir la justicia«, señaló Pizarro.