Un proyecto de ley que busca tipificar como delito el suicidio femicida ingresó al Parlamento de Uruguay presentado por la diputada oficialista María Inés Obaldía.
Dicha idea llegó a sus manos a través de Proyecto Ikove, un grupo conformado por víctimas de violencia sexual que exige medidas de prevención y reparación.
El mencionado proyecto parte de la afirmación de que la violencia sexual «tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos».
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Como tal, define al suicidio femicida como aquel «inducido o determinado de forma posterior a hechos o contextos de violencia basada en género» u otros tipos de violencia sexual y advierte que la ausencia de una tipificación específica en el país «genera un vacío normativo que impide una adecuada respuesta penal».
Según el texto, las penas serían de entre cuatro y doce años de prisión.
«Confiamos en que si este proyecto sale adelante, la sociedad lo discute, lo valora y lo hace suyo, estaríamos también previniendo«, dijo este jueves Obaldía a la Agencia EFE.
El proyecto toma como ejemplo los casos de cinco mujeres víctimas de violencia machista que se suicidaron y cuyas historias fueron difundidas en la prensa local.
- La interpretación de Obaldía es que la sociedad entiende que el Estado «tiene que ser proactivo» en este tipo de casos, porque de lo contrario es omiso.
Al ser consultada sobre la puesta en práctica de esta normativa, y partiendo de la realidad de que hay víctimas que no verbalizan lo que sufrieron hasta años después, Obaldía explicó que para abordar estos casos la denuncia no podrá ser la única prueba.
Contexto regional y acciones complementarias
«Habrá que convocar a testigos, habrá que estar cerca de los profesionales de la salud, habrá que ver el origen de las depresiones«, ejemplificó.
El texto del proyecto plantea que, en América Latina, El Salvador es el único país que ya lo tipificó como delito y que Chile, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela y Panamá avanzaron en la discusión legislativa en torno a este tema.
Este planteo está enlazado a otro proyecto en estudio, también impulsado por Ikove, que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.