El diputado de Alianza País, Pedro Martínez, depositó este jueves un proyecto de ley que busca eliminar el régimen de exoneraciones para la importación de vehículos por parte de legisladores y sustituirlo por la asignación de un vehículo oficial para cada congresista durante el período de su mandato.
La iniciativa establece un marco legal para la dotación, uso y administración de vehículos utilitarios propiedad del Estado asignados a senadores y diputados, con el fin de garantizar su movilidad en el ejercicio de sus funciones de representación, fiscalización y servicio social en las provincias que representan.
El proyecto establece que, si la ley es aprobada, quedaría suprimido el régimen de exoneraciones impositivas para la importación de vehículos de uso privado por parte de los legisladores, contemplado en la Ley No. 57-96 y sus modificaciones.
Propiedad, uso y administración
El proyecto indica que los vehículos serán propiedad exclusiva del Estado dominicano y formarán parte del inventario de bienes del Senado o de la Cámara de Diputados.
El uso de estos vehículos, de acuerdo con la iniciativa, quedaría estrictamente limitado a funciones institucionales, y se prohibiría utilizarlos “para actividades privadas, recreativas o ajenas al servicio público”.
El proyecto de Martínez dispone que el vehículo sería entregado al legislador al momento de su juramentación y ser devuelto en un plazo no mayor de cinco días hábiles tras el cese de sus funciones.
Si no lo devuelve en ese plazo, la acción sería considerada como una falta grave, que activaría procedimientos de recuperación del bien y consecuencias civiles.
La asignación del vehículo tendría una duración máxima de cuatro años, que es el tiempo de un legislador en sus funciones. En el caso de que se reeligan, la sustitución dependería de condiciones como deterioro, desuso o cumplimiento de su vida útil.
La iniciativa prohíbe a los legisladores comercializar, ceder o transferir el uso del vehículo o su placa a terceros, utilizarlo para fines distintos a sus funciones, alterar su identificación oficial o asignarlo a personal no autorizado.
Asimismo, cualquier intento de venta, empeño o cesión del vehículo sería tipificado como peculado o malversación de fondos públicos, con las sanciones correspondientes del Código Penal.
Las importaciones ya vigentes
El proyecto establece que los vehículos importados previamente bajo el régimen de exoneración mantendrán su estatus jurídico hasta cumplir el plazo de restricción de transferencia.
Sin embargo, una vez vencido ese plazo, el legislador no podrá optar por una nueva exoneración y quedará sujeto al nuevo régimen de asignación de vehículos oficiales.
Las solicitudes de exoneración en trámite al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, serían canceladas automáticamente, menos aquellas que ya cuenten con manifiesto de carga en puerto dominicano.
Argumentos del proponente
Tras depositar el proyecto, el diputado Martínez explicó que la eliminación de las exoneraciones responde a que la ciudadanía se ha quejado no por el beneficio en sí, sino porque estas exoneraciones suelen ser vendidas en el mercado, lo que calificó como un procedimiento “ilegítimo”, además de que permite la importación de vehículos de alta gama que no se corresponden con la labor legislativa.
Añadió que la asignación de un vehículo oficial no sería un privilegio extraordinario, sino una práctica similar a la que ya existe para funcionarios de menor nivel en distintas instituciones, facilitando su desplazamiento y el cumplimiento de sus funciones.