Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessin Chávez, afirmó este jueves que en el Congreso están esperando un proyecto de Ley de parte del Ejecutivo para eliminar de la Ley de Régimen Electoral los fondos que son asignados a los partidos políticos.
Aunque la declaración tiene su nota irónica, Wessin insistió en que la intención existe y que esperan tal iniciativa aunque las declaraciones del presidente de La República se limitaron a una reducción del 50%.
Señaló que el esquema de financiamiento público lleva vigente desde 1997 sin haber dañado la democracia. Para él, la propuesta gubernamental no es más que intentar legalizar un recorte que ya se está ejecutando de facto.
«El gobierno recortó la mitad y ahora quiere recortar otra mitad», fustigó, y advirtió que si la medida avanza, serán los partidos de oposición quienes enfrenten la mayor desventaja competitiva.
Partidos políticos en la JCE
La propuesta del gobierno de reducir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos continúa generando un frente común de rechazo entre fuerzas de oposición, que apelan a la preservación de la democracia como argumento central para defender los fondos que el Estado les asigna por mandato de la Ley de Régimen Electoral.
Representantes de 24 organizaciones políticas, realizaron ya realizaron un encuentro con la Junta Central Electoral (JCE) para expresar su preocupación ante una medida que, a su juicio, amenaza la estabilidad del sistema democrático.
«Sin democracia no hay desarrollo, y nuestro país es un Estado democrático, social y de derecho», advirtió José Dantés del PLD, quien señaló además que el gobierno no ha presentado un plan claro de austeridad y que limitar el recorte al financiamiento partidario resulta insuficiente e injusto.
Los partidos alertan que privarlos de fondos públicos los empujará inevitablemente hacia el financiamiento privado, lo que abriría la puerta a la injerencia empresarial y, en el peor de los escenarios, al narcotráfico.
«Son las empresas las que no deben definir el rumbo de un país», subrayó Javier Hubiera de la Fuerza del Pueblo, refiriendo que fue el propio gobierno quien acudió al Congreso para frenar la incursión del crimen organizado en las organizaciones políticas.
«Ya el PRM ha reducido a los partidos un 48% de lo que deberían estar recibiendo. Ahora quieren recortar la mitad de la mitad. Esto representa apenas el 1% de los recursos que el gobierno dice necesitar.»
Hubiera también subrayó que la medida afecta incluso a la Junta Central Electoral (JCE), garante del proceso democrático, y advirtió que el recorte podría comprometer la estabilidad de las próximas elecciones y los compromisos ya asumidos por los partidos. «Esto causa competencia desleal», afirmó.
Desde la Fuerza del Pueblo, su delegado José Manuel Hernández dijo que en el país no hay seguridad jurídica ni confianza. «El país necesita el disenso, y para eso existimos como partido».
Recortar en el Congreso
En una posición más matizada, el senador Pedro Tineo, miembro de la Comisión de Presupuesto del Senado, reconoció que el gobierno tiene la obligación de buscar soluciones ante la crisis, pero llamó a una austeridad compartida.
«Los partidos deberían dar un ejemplo para tener autoridad moral. Aquí en el Congreso también deberíamos recortar viáticos, exoneraciones y otros beneficios que tenemos los legisladores», declaró.
«Si el gobierno quiere quitar el financiamiento a los partidos, que lo haga, pero que audite también a los partidos. Este proyecto lleva desde 1997 y no ha lacerado la democracia.»
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