Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- Más de 30 denuncias por casos de extorsión y chantaje digital se han recibido en los últimos tres meses en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Así lo informó el presidente ejecutivo del Guido Gómez Mazara, quien resaltó, que esta práctica se produce en medio de un aumento de amenazas vinculadas a la difusión de contenido íntimo, presiones personales y conflictos de carácter empresarial y político.
Explicó que entre las modalidades más recurrentes figuran las llamadas “sextorsiones”, donde los delincuentes utilizan imágenes, videos o conversaciones privadas para intimidar a las víctimas y exigir dinero o favores.
También señaló que existen casos relacionados con disputas empresariales y acciones dirigidas a afectar reputaciones personales.
En muchos de los expedientes, agregó, que las personas afectadas solicitan absoluta discreción debido al impacto que tendría la divulgación de información íntima o sensible.
“Está pasando en este país”, afirmó Gómez Mazara al advertir sobre la magnitud del problema y el temor de muchas víctimas a denunciar por miedo a que su vida privada sea expuesta públicamente.
Gómez Mazara también envió un mensaje directo a quienes están siendo víctimas de amenazas o chantajes digitales: “Que accionen, que no tengan miedo”.
Aseguró que cuando una persona utiliza información privada para intimidar o presionar a otra, ya se configura una violación de la ley.
Campaña
La información fue ofrecida durante el anuncio de una campaña impulsada por Indotel para crear conciencia y orientar a la ciudadanía sobre los riesgos de los delitos digitales, los mecanismos de denuncia y la protección de los derechos y la privacidad en entornos tecnológicos.
El presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones sostuvo además que el nuevo ordenamiento penal dominicano, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto, fortalecerá el marco jurídico para perseguir este tipo de delitos tecnológicos y garantizar mayor protección a los ciudadanos.
No obstante, insistió en que las autoridades no deben esperar la aplicación de la nueva legislación para iniciar una campaña de educación y orientación sobre derechos digitales, privacidad y mecanismos de denuncia.
Destacó que el Indotel trabaja junto al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) en procesos de investigación y seguimiento, bajo estrictos protocolos de confidencialidad para proteger a las víctimas.
“Hay que comenzar a educar a la gente desde ahora para que sepa cuáles son sus derechos”, expresó el presidente ejecutivo del Indotel.
Indicó que, una vez las investigaciones preliminares identifican posibles responsabilidades, los casos pasan al Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente. Sin embargo, recordó que las víctimas tienen el derecho de decidir hasta qué punto desean hacer pública su situación personal.
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