Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. El exfiscal Ybo René Sánchez Díaz y el abogado Manuel Sierra afirmaron este miércoles que el expediente del denominado caso “Calamar” contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, está sustentado en “vicios y defectos jurídicos” y responde a una supuesta persecución política impulsada desde el poder.
Los juristas calificaron como un “panfleto” la acusación presentada por el Ministerio Público y sostuvieron que el proceso judicial carece de pruebas directas que vinculen a Peralta con los hechos imputados.
“Conforme a lo que nosotros hemos visto en la acusación, no hay forma de que a este señor lo pongan en sede de juicio, porque no hay una sola prueba que sindique directamente al señor Peralta; la prueba tiene que ser vinculante con el hecho que se atribuye”, expresaron.
Según explicaron, el expediente contiene una gran cantidad de documentos e informes que, a su juicio, no guardan relación con ilícitos penales ni demuestran responsabilidad directa del exfuncionario.
Alegan violación a la dignidad y al principio de inocencia
Los abogados también cuestionaron el uso del nombre “Calamar” para identificar el caso judicial, argumentando que esa práctica fue objetada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0225/25, la cual ordena cesar el uso de nombres de animales en expedientes penales por considerar que vulneran la dignidad y el principio de inocencia de los imputados.
Indicaron que dicha denominación afecta la imagen pública de Peralta y de los demás acusados, quienes —aseguran— mantenían una trayectoria profesional y social respetable antes de involucrarse en la actividad política.
“José Ramón Peralta es un empresario de toda una vida y un exfuncionario que nunca había sido humillado públicamente. Lo que existe es una persecución política combinada entre sectores del Gobierno y altos funcionarios del Ministerio Público”, manifestaron.
Defensa acusa plan político desde 2020
Sánchez Díaz y Sierra sostuvieron que, desde agosto de 2020, se habrían producido reuniones entre dirigentes gubernamentales y representantes del Ministerio Público con el objetivo de organizar una supuesta persecución política contra exfuncionarios vinculados al expresidente Danilo Medina.
Afirmaron que Peralta ha sido objeto de descrédito político por su cercanía con Medina y por el rol que desempeñó en la pasada administración.
Los abogados consideraron que el Ministerio Público ha actuado con “prejuicios” y con una exposición “profusa y confusa” durante la audiencia preliminar, señalando que el exministro defendió su honorabilidad ante el tribunal y denunció la ausencia de pruebas contundentes en el expediente.
Solicitan nulidad del proceso
La defensa concluyó solicitando que el tribunal declare la nulidad del proceso, tomando como referencia la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional.
“Es justo terminar afirmando que el tribunal debe solucionar el presente caso con la nulidad propuesta por la sentencia del TC 0225/25, que mandó a anular el caso de Jean Alain Rodríguez por el uso discriminatorio de nombres de animales con el propósito de humillar y afectar el principio de inocencia”, señalaron.
El proceso judicial del caso Calamar involucra a varios exfuncionarios acusados de presuntos actos de corrupción administrativa durante la pasada gestión gubernamental.
La publicación Exfiscal asegura que José Ramón Peralta es víctima de una trama política disfrazada de proceso judicial apareció primero en El Día.