El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este lunes que el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Rubiou, incurrió en el delito de lavado de activos, al establecer que ocultó, adquirió, poseyó, utilizó y administró bienes de origen ilícito en asociación con dos o más personas mientras ostentaba un cargo público.
- Durante la lectura de la sentencia, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que Torres Rubio adquirió inmuebles, vehículos y otros activos que no guardan relación con sus ingresos lícitos reportados como miembro de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea Dominicana.
«Este tribunal entiende que el imputado Juan Carlos Torres Robiou ha incurrido en lavado de activos al ocultar, adquirir, poseer, usar y administrar bienes de origen ilícito, entre otros, en asociación de dos o más personas mientras ostentó un cargo público, teniendo como delito precedente el desfalco y la estafa contra el estado dominicano«, dijeron las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Ingresos y préstamos bancarios
El tribunal determinó que entre 2017 y 2021 el acusado recibió ingresos por salarios, incentivos y bonificaciones que ascendieron a poco más de 3.7 millones de pesos provenientes de ambas instituciones militares. Sin embargo, las juezas determinaron que dichos ingresos eran insuficientes para justificar las inversiones y operaciones financieras realizadas durante ese período.
Manifestaron que, aunque la defensa presentó contratos de asesorías y actividades agrícolas para justificar ingresos adicionales, estos resultaron insuficientes frente al volumen de recursos manejados. De acuerdo con el informe financiero analizado en el juicio, Torres Rubiou movilizó alrededor de 65 millones de pesos mediante depósitos y transacciones bancarias, además de registrar pagos de préstamos por más de 13 millones de pesos.
Concluyeron que el imputado, al igual que otros integrantes de la estructura, utilizó préstamos bancarios para dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos mediante actos de corrupción. Indicaron que las cuotas pagadas, así como los abonos anticipados realizados en efectivo, no se correspondían con los ingresos declarados por él ni con los de la comunidad de bienes que conformaba junto a su esposa.
Omisiones en declaraciones juradas
Las juezas también hicieron referencia al informe de fiscalización elaborado por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas, el cual detectó múltiples omisiones en las declaraciones juradas de bienes del acusado.
Entre las inconsistencias señaladas figura la omisión de activos vinculados a su esposa, Greybby María Cuello Coste, quien también experimentó un incremento patrimonial durante los años en que Torres Rubio dirigió el Cestur. Asimismo, el tribunal observó discrepancias entre los bienes declarados, los registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y los consignados en distintas declaraciones juradas.
- Los jueces destacaron además que en la declaración patrimonial de 2020 el imputado incorporó algunos inmuebles, pero omitió un apartamento adquirido en 2018 en la Torre Regata, mientras declaró otro inmueble que, según su propia documentación, ya había sido vendido.
Compra de apartamento mediante empresa vinculada
Uno de los aspectos que el tribunal consideró más relevantes fue la adquisición de un apartamento en el proyecto Balcones del Atlántico.
Indicaron que las pruebas demostraron que Torres Rubio fue el verdadero comprador del inmueble, aunque la operación se realizó a través de la empresa Único Real Estate. Las juezas valoraron testimonios, conversaciones de WhatsApp y documentos financieros que, a su juicio, evidencian que la compañía fue utilizada como vehículo para ocultar la titularidad real del bien y el origen de los fondos empleados en la compra.
La decisión recoge que parte del pago se realizó mediante un cheque de administración por 13 millones de pesos adquirido con dinero en efectivo, una modalidad que, según el tribunal, buscaba dificultar la trazabilidad del origen de los recursos.
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Inmuebles y empresas utilizadas para ocultar activos
El tribunal también examinó otros bienes atribuidos a Torres Rubio, entre ellos una villa en Arroyo Naranjo, Jarabacoa; un apartamento en la Torre Regata, en Santo Domingo; y terrenos agrícolas en Rancho Arriba, San José de Ocoa.
Respecto a estos últimos, determinó que la empresa RF Agroindustrial SRL fue utilizada para mantener activos de origen ilícito bajo una estructura societaria sin actividad económica comprobada.
En el dispositivo, se establece que la compañía carecía de operaciones comerciales reales y que fue empleada para adquirir y ocultar bienes vinculados a los fondos provenientes del esquema de corrupción que se estableció a través del Cestur y Cuerpo de Seguridad Presidencia (Cusep).