La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada de emergencia este viernes tras escucharse una explosión mientras recorría una zona de minería ilegal, según imágenes televisivas y la propia mandataria.
Fernández, varios ministros y diputados recorrían la población de Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua, cuando una detonación de origen desconocido retumbó en las montañas y sus guardaespaldas la arrojaron al piso.
«Me sentí como lo que ve uno en las películas (…) que lo agarran del pelo, lo tiran al suelo y lo montan (al auto). ¡No ven cómo quedé!», dijo poco después la mandataria a la prensa.
«Me chequearon porque es el protocolo, pero estoy muy bien. No se preocupen más de lo necesario», añadió, al reportar que cinco personas, incluidos congresistas, recibieron atención por «bajonazos de presión, de azúcar (y) golpes de calor».
Peligro en Crucitas
Según la presidenta, lo ocurrido demuestra «el peligro» que hay en Crucitas (Alajuela, norte), donde mafias extraen oro ilegalmente y contaminan el medio ambiente en las inmediaciones del río San Juan.
Fernández impulsa un proyecto legislativo para permitir la explotación minera en esa zona.
En las imágenes difundidas por personas que acompañaban el recorrido se observa cómo la gobernante reacciona asustada tras el estallido. Luego se le ve tendida en el piso de tierra con varios escoltas armados cubriéndola.
«Repudio enérgicamente atentado de hoy contra la Presidenta (de Costa Rica). El crimen organizado no puede doblegarnos. Me alegra saber que está bien», escribió en la red social X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Las autoridades costarricenses aún no han informado sobre el origen de la explosión.
Contexto de la minería ilegal
La minería ilegal es un punto de discusión entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, que en marzo pasado acordaron coordinar acciones para enfrentar ese delito.
El incidente en Crucitas se produjo luego de que el 3 de junio el gobierno costarricense asegurara haber recibido información sobre un supuesto plan para atentar contra la mandataria que se estaría fraguando desde una cárcel.
Fernández sustituyó en mayo a su mentor Rodrigo Chaves, cuyo gobierno denunció en enero un presunto complot para atentar contra el entonces presidente, aunque las autoridades nunca ofrecieron pruebas concretas.
La principal sospechosa resultó ser una activista de derechos humanos, crítica de Chaves en redes sociales, que calificó el caso como una «vil patraña«.