Florida aprobó este martes una normativa que prohíbe a los inmigrantes indocumentados matricularse en los 28 ‘colegios‘ universitarios estatales, que se prevé afectará a unos 8.000 estudiantes sin estatus legal en EE.UU. que se gradúan cada año de las escuelas secundarias del estado.
La medida obligará a los aspirantes a demostrar que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país para matricularse en estos «colleges», que ofrecen carreras técnicas y, en muchos casos, licenciaturas de cuatro años, mientras que las universidades cuentan con una oferta más amplia de licenciaturas, maestrías, doctorados y programas de investigación.
La decisión de la Junta de Educación fue adoptada en una reunión virtual, en la que organizaciones civiles denunciaron que sus objeciones fueron en gran medida desoídas. Una segunda regulación aprobada afectará con la misma prohibición los programas públicos de educación para adultos, incluidos los cursos de preparación para el examen de equivalencia de secundaria (GED) y las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL).
- Ambas medidas siguen a una decisión similar adoptada la semana pasada por la Junta de Gobernadores de Florida, que inició el proceso para aplicar el mismo requisito en las universidades públicas del estado.
Reacciones y consecuencias
Actualmente los estudiantes indocumentados pueden matricularse en las universidades públicas de Florida, pero no tienen acceso a ayuda financiera federal y enfrentan restricciones que se han endurecido en los últimos dos años.
La aprobación de las normas provocó hoy el rechazo de estudiantes y organizaciones proinmigrantes, que denunciaron que la medida cerrará el acceso a la educación superior para miles de jóvenes que crecieron en Florida.
- La medida podría costarle a las arcas estatales cerca de 15 millones de dólares anuales en ingresos, según un análisis del Florida Policy Institute (FPI).
La organización Florida Student Power aseguró este martes que decenas de estudiantes, residentes y empresarios participaron telefónicamente en la audiencia para expresar su oposición, aunque el período de comentarios públicos concluyó antes de que todos pudieran intervenir.
La decisión «representa un claro desprecio por la voz de los floridanos y un abandono directo de nuestros valores democráticos«, afirmó Farah Al Jallad, organizadora de Justicia para Migrantes de Florida Student Power.
Alexander V., estudiante de la Universidad de Florida Central (UCF) y beneficiario de DACA, aseguró que comenzar sus estudios en un colegio estatal fue la única opción que podía costear.