Las decisiones de Venezuela -el pasado viernes- y Chad -este lunes- de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar los trámites para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), se suman a las de otros países y coincide con la campaña de la administración Trump contra ese tribunal.
El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del «sur global«, entre ellos el país suramericano, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su nación de este organismo.
Tres días después, Chad anunció este lunes que ha iniciado el proceso para retirarse del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que este organismo ha tenido una «eficacia limitada» y que ha concentrado su actividad en el sur global desde su entrada en funcionamiento en 2002.
Actualmente, varios países han hecho efectiva su salida. Burundi fue el primer país en abandonar formalmente el Estatuto de Roma en 2017. Se retiró después de que la CPI abriera una investigación sobre los crímenes y actos de violencia política cometidos en el país.
A su vez, el expresidente Rodrigo Duterte retiró a Filipinas en 2019 tras la apertura de un examen preliminar sobre los abusos cometidos durante su «guerra contra las drogas«.
Salida de otros países
El último país que hizo efectiva su salida este mismo año fue Níger, uno de los gobiernos militares de los tres países de la Alianza de los Estados del Sahel, tras acusar al tribunal de parcialidad y de ser una «herramienta neocolonial.
Asimismo, han anunciado su retirada Malí y Burkina Faso, los otros dos países de la Alianza del Sahel.
Otros países iniciaron el proceso pero dieron marcha atrás, como por ejemplo Gambia, que anunció su salida bajo el régimen de Yahya Jammeh, pero cuya decisión fue revocada por el posterior gobierno democrático en 2017.
También Sudáfrica notificó su intención de salir tras la polémica por la visita de Omar al-Bashir (expresidente de Sudán bajo orden de arresto), pero los tribunales sudafricanos declararon la notificación inconstitucional y revocaron el retiro.
Existen también potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Israel e India que nunca formaron parte activa del tribunal, al no llegar a ratificar el tratado o retirar sus firmas en las fases iniciales.
