Los consumidores ya cuentan desde este 31 de julio con un mayor respaldo legal para reparar determinados dispositivos incluso cuando hayan superado el periodo de garantía. Esta medida forma parte de la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo —también conocida como ‘derecho a reparar’— y busca prolongar la vida útil de los aparatos para reducir los residuos electrónicos, al mismo tiempo que facilitar el acceso a reparaciones frente a la sustitución por otros nuevos.

Dicha normativa afecta tanto a móviles, tablets, televisores, monitores como a diversos electrodomésticos, por lo tanto, los fabricantes están obligados a ofrecer servicios de reparación cuando esta sea técnicamente posible, incluso una vez finalizada la garantía legal. Asimismo, deben proporcionar piezas de repuesto, herramientas e información técnica en condiciones razonables para que el mantenimiento de los dispositivos sea más fácil.

También, otro de los cambios relevantes es que los fabricantes no pueden rechazar una reparación por el hecho de que el dispositivo haya sido intervenido previamente por un servicio técnico independiente o porque se hayan empleado componentes compatibles.

La UE quiere reducir la obsolescencia programada

Con esta medida, la Unión Europea pretende impulsar la competencia en el sector de las reparaciones y reducir los costes que asumen los consumidores al prolongar la vida de sus dispositivos.

Por otro lado, la directiva establece que las reparaciones deben realizarse en un plazo y a un precio razonable, con el objetivo de evitar prácticas que desincentiven esta opción frente a la compra de un producto nuevo. Asimismo, la normativa persigue fomentar un modelo de consumo más sostenible, en línea con la estrategia europea de economía circular y la reducción de los residuos electrónicos.

Por lo tanto, con la entrada en vigor de estas obligaciones, fabricantes y servicios posventa tienen adaptar sus procesos para cumplir con el nuevo marco regulatorio. En este sentido, la Unión Europea confía en que el denominado ‘derecho a reparar’ contribuya a reducir la obsolescencia programada de los dispositivos y facilite que los consumidores opten por reparar sus equipos antes de sustituirlos por otros nuevos.

Una larga historia para terminar con la obsolescencia programada

La Unión Europea lleva años impulsando medidas para combatir la obsolescencia programada, una práctica que consiste en diseñar productos con una vida útil limitada para incentivar su sustitución por otros nuevos. Con este objetivo, en 2021 aprobó el denominado ‘derecho a reparar’, una iniciativa destinada a prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos y reducir los residuos.

Desde entonces, los fabricantes de productos como móviles, televisores, lavadoras o frigoríficos deben garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos diez años, además de facilitar manuales de reparación y diseñar los dispositivos para que puedan desmontarse y reciclarse con mayor facilidad.

La normativa se ha ido ampliando con nuevas medidas para reforzar los derechos de los consumidores. Entre ellas figuran la obligación de reparar determinados aparatos en lugar de sustituirlos cuando sea posible y la incorporación de una etiqueta energética que informa sobre aspectos como la eficiencia, la reparabilidad y la durabilidad de teléfonos móviles, tabletas y televisores.

Ahora, la Unión Europea da un paso más en su estrategia de sostenibilidad con nuevas normas que buscan poner fin a los dispositivos con una vida útil reducida, facilitar la sustitución de las baterías por parte de los usuarios y garantizar la reparación de determinados productos electrónicos incluso una vez finalizado el periodo de garantía.