«No les quedará más que ladrar», respondió el presidente Daniel Ortega a la masiva condena internacional por su decisión de prohibir formalmente la participación de opositores en las elecciones de Nicaragua, donde gobierna con poder absoluto junto a su esposa Rosario Murillo.

El Congreso anunció que aprobará en septiembre una reforma constitucional que establece un mandato presidencial de siete años «renovables» -cuyo mecanismo no precisó- y excluye a los partidos opositores a los que Ortega llama «golpistas» al «servicio» de Estados Unidos.

Ortega reveló su iniciativa el 19 de julio en el aniversario de la revolución sandinista. Dice que así protege al país de la injerencia de Washington, al que acusa de patrocinar las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU.

Estas son las claves que explican su decisión.

– La sucesión –

El exguerrillero izquierdista gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza. Volvió al poder en 2007 y se mantiene acusado por sus críticos de fraudulentas reelecciones y de instaurar una «dictadura dinástica».

En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo, y, al señalarlos de «traición a la patria», los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

La oposición ya estaba entonces anulada de facto, por lo que para Dora María Téllez, excomandante guerrillera refugiada en España, lo crítico de la reforma está en la «renovación» de mandato, más que en eliminar las elecciones competitivas.

Con 80 años, lupus y problemas renales, Ortega reformó la Constitución en 2025 para ascender a Murillo de vice a copresidenta y supeditar a ellos todos los poderes del Estado.

Para el exaspirante presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, Ortega busca garantizar una sucesión del poder en Murillo, cinco años menor, y en Laureano, de 42, uno de sus ocho hijos en cargos públicos.

«Tienen un trauma sucesorio y miedo», dijo Téllez a la AFP, al señalar que ambos temen, no solo a la oposición, sino a traiciones en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla), varios de cuyos dirigentes históricos han sido encarcelados.

– La presión internacional

Maradiaga y Téllez no descartan que la reforma sea para adelantarse a presiones del presidente Donald Trump -tras las ejercidas en Cuba y Venezuela- que obliguen a abrir espacio a la oposición.

Como la Unión Europea, Estados Unidos ha impuesto sanciones al gobierno nicaragüense desde 2018.

«Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones», advirtió el miércoles Michael Kozak, responsable para América Latina en el Departamento de Estado, al proponer una reunión de cancilleres de la OEA para analizar medidas antes de que se apruebe la reforma.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que recibe crédito de bancos internacionales y del FMI.

«Debe elevarse seriamente la presión. No pueden continuar financiando a una dictadura», subrayó Maradiaga.

Para Téllez, los comunicados de condena no le hacen «ni cosquillas» al gobierno, que apuesta por «seguir haciendo lo que le da la gana con absoluta impunidad».

Luciano García, miembro de un partido exiliado en Costa Rica, dice que Trump podría aplicar en Nicaragua -aliada de China y Rusia- «la vía quirúrgica, como fue la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela».

Pero considera que la comunidad internacional «se inclina por el camino más largo: sanciones económicas, pese al alto costo para la población».

– La oposición

Las protestas de 2018 «marcan un antes y un después», dice García. Casi un millón de nicaragüenses se han exiliado, no hay prensa independiente y, además del FSLN, solo quedan partidos minoritarios afines al gobierno.

Juan Sebastián Chamorro, también excandidato preso y ahora exiliado en Estados Unidos, afirma que Nicaragua, «como China, Corea del Norte y Cuba», formalizará un sistema de partido único con el FSLN.

Maradiaga destaca, no obstante, que hay una «resistencia interna silenciada por la cárcel, la persecución y el miedo», y el reto de la oposición exiliada es conectarse con ella y el «descontento» que existe, «incluso en el FSLN», para «construir una alternativa democrática creíble».

En el exilio hay movimientos diversos que no han logrado unirse, pero no significa que la oposición esté «desarticulada» pues sigue denunciado abusos y exigiendo presión internacional, apuntó García.

Para el exdiputado Eliseo Núñez, refugiado en Costa Rica, la oposición debe apuntar a un «cambio por vía democrática». «Otro camino activaría un nuevo ciclo de violencia», advirtió.